Empecemos por reconocer el hecho, porque negarlo desacredita cualquier análisis posterior.
En 2015, El Salvador registró 6.656 homicidios: una tasa de 105 por cada cien mil habitantes, la más alta del planeta para un país sin guerra declarada. En 2025 registró 82 homicidios, una tasa de 1,3. InSight Crime, que no es una organización complaciente con el gobierno salvadoreño, valida la cifra. Es la caída más pronunciada de violencia letal documentada en América Latina en tiempos de paz.
Cualquier análisis que empiece por relativizar ese número está escribiendo para los convencidos. Un salvadoreño de un barrio que hace diez años pagaba renta a una pandilla y hoy no la paga tiene una razón perfectamente racional para aprobar a su gobierno con el 93% que registra CID Gallup. No es fanatismo. Es evaluación.
La pregunta que sigue —la única que un medio liberal está obligado a hacer— no es si el resultado es real. Es qué lo produjo, qué costó y si es reproducible.
I. El costo, en cifras
El régimen de excepción salvadoreño se decretó el 27 de marzo de 2022 mediante el Decreto Legislativo 333. Suspende, entre otras garantías, el derecho a ser informado del motivo de la detención y a contar con defensor desde el inicio del proceso, y extiende el plazo de detención administrativa sin control judicial de 72 horas a quince días. El 28 de julio de 2026, la Asamblea aprobó la prórroga número cincuenta y tres. Lo excepcional lleva más de cuatro años y cuatro meses de vigencia ininterrumpida.
Bajo ese régimen han sido detenidas más de noventa y dos mil personas, según el Socorro Jurídico Humanitario; más de noventa y un mil trescientas según cifras oficiales a marzo de 2026. Human Rights Watch documenta además más de tres mil niños y adolescentes detenidos.
En el último dato disponible del World Prison Brief —marzo de 2024— la tasa de encarcelamiento salvadoreña era de 1.659 presos por cada cien mil habitantes: la más alta del mundo. Para dimensionarla: Cuba tiene 794, Estados Unidos 542, Panamá 522. La ocupación penitenciaria es del 162,8% de la capacidad oficial. Amnistía Internacional estima que a fines de 2024 estaba encarcelado el 1,8% de la población total y el 3,3% de la población masculina.
El propio Bukele reconoció públicamente en 2024 haber detenido y liberado después a unas ocho mil personas inocentes. Es una cifra que el gobierno ofreció como prueba de autocorrección; leída de otro modo, es la admisión de que ocho mil personas fueron privadas de libertad sin causa por decisión de su propio gobierno.
El Socorro Jurídico Humanitario documenta 547 muertes bajo custodia a julio de 2026, y estima que la cifra real podría superar el millar; Human Rights Watch cuenta 458. Según el Socorro Jurídico, el 94% de los fallecidos no tenía vínculos con pandillas. Amnistía Internacional, tras cuatro años de monitoreo, seis visitas de documentación, ochenta y dos casos analizados y ciento nueve entrevistas, concluyó en julio de 2026 que las violaciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
En el CECOT, la cárcel emblema, hay doscientas cincuenta y seis celdas con un promedio de ciento cincuenta y seis reclusos cada una, en literas metálicas de cuatro niveles sin colchones: 0,6 metros cuadrados por persona, luz artificial veinticuatro horas, treinta minutos diarios fuera de la celda, sin visitas, sin llamadas, sin educación.
Hay una asimetría estadística que conviene nombrar con precisión, porque es el punto donde el debate suele volverse confuso. Las 547 muertes bajo custodia no aparecen en la serie oficial de homicidios, por definición metodológica: el conteo del gobierno excluye, según InSight Crime, los cuerpos hallados en fosas clandestinas, las personas muertas a manos de la policía y los homicidios ocurridos dentro de las cárceles. No se trata de acusar al gobierno de falsear la cifra. Se trata de decir que la cifra mide una cosa y no otra, y que la diferencia importa.
II. Lo que la cifra probablemente no explica
Aquí está el problema empírico serio, y no lo plantean los organismos de derechos humanos: lo plantea la propia evidencia comparada.
Si el mecanismo causal de la caída de homicidios fuera el encarcelamiento masivo bajo suspensión de garantías, replicar el mecanismo debería replicar el resultado. Se ha intentado. Los resultados son los siguientes.
Ecuador decretó el 9 de enero de 2024 un "conflicto armado interno", ordenó a los militares neutralizar veintidós organizaciones criminales y construyó la Cárcel del Encuentro inspirada explícitamente en el CECOT. Ecuador cerró 2025 con 9.216 homicidios, un alza superior al 30% sobre 2024 y una tasa de 50,9 por cien mil. El modelo se aplicó y la violencia subió.
Honduras mantuvo un estado de excepción del 6 de diciembre de 2022 al 26 de enero de 2026 —más de tres años, más de veinticinco decretos de prórroga, 1,7 millones de operativos—. La tasa oficial bajó de 42 a 23 por cien mil, una mejora real pero muy lejos del orden de magnitud salvadoreño. Al expirar el régimen, homicidios y desapariciones repuntaron. En mayo de 2026 el propio ministro de Seguridad hondureño rechazó replicar directamente el modelo salvadoreño.
Perú, con estados de emergencia y una estrategia que la prensa local llama abiertamente bukelista, cerró 2025 con una tasa de 10,7. Costa Rica, que construyó una cárcel de alta seguridad a cuya primera piedra asistió Bukele en enero de 2026, cerró con 16,8. Chile, cuyo gobierno trasladó en agosto de 2026 a cientos de reclusos a un penal de alta seguridad anunciando que serían tratados "al estilo Bukele", tiene 5,4 —la tasa más baja de la región, y la tenía antes—.
Dos países replicaron el instrumento completo —régimen de excepción más encarcelamiento masivo— y ninguno reprodujo el resultado. Otros tres adoptaron piezas sueltas del modelo sobre situaciones que no se le parecen; el caso chileno, de hecho, tenía la tasa más baja de la región antes de copiar nada. Eso no prueba que el régimen de excepción salvadoreño no haya contribuido; prueba que no es suficiente, y sugiere que había en El Salvador algo más, específico, que el instrumento no captura.
III. La variable que falta
Hay una hipótesis alternativa y está documentada por fuentes que no son ONG.
El 8 de diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Osiris Luna Meza, director de Centros Penales y viceministro de Justicia y Seguridad Pública, y a Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. La acusación oficial: haber liderado y organizado reuniones secretas con líderes pandilleros encarcelados de la MS-13 y el Barrio 18. Según el Tesoro, las pandillas recibieron incentivos financieros para mantener bajos los homicidios y privilegios carcelarios —incluidos teléfonos móviles—; el gobierno recibió apoyo político para Nuevas Ideas en las elecciones y colaboración con las cuarentenas en zonas bajo control pandillero.
En mayo de 2022, El Faro publicó audios de Marroquín que indicaban que la masacre del fin de semana del 25 al 27 de marzo de 2022 —sesenta y dos homicidios solo en la jornada del sábado 26— se produjo por la ruptura de ese pacto. El régimen de excepción se decretó el 27 de marzo, con la masacre aún en curso.
Una investigación de ProPublica publicada en junio de 2025 documentó que la Joint Task Force Vulcan del Departamento de Justicia estadounidense sostenía la misma tesis, con llamadas interceptadas, videos y registros carcelarios reunidos por fiscales salvadoreños bajo el fiscal general Raúl Melara. El 1 de mayo de 2021, la Asamblea controlada por Bukele destituyó a Melara y a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. En los siete meses siguientes, los nuevos magistrados revirtieron o frenaron seis solicitudes de extradición de líderes pandilleros. Al menos ocho funcionarios salvadoreños huyeron del país con ayuda estadounidense. En marzo y abril de 2025, ya bajo la nueva administración norteamericana, los cargos contra dos miembros de la cúpula de la MS-13 fueron desestimados invocando "preocupaciones geopolíticas y de seguridad nacional"; uno de ellos fue deportado a El Salvador.
Ninguno de estos hechos prueba, por sí solo, que el pacto explique la caída de homicidios. Pero abren una explicación alternativa de por qué el modelo no se replica: si la variable decisiva fue una negociación con la estructura criminal, y no la política penitenciaria, entonces lo exportable era la cárcel y lo determinante era el acuerdo. Y un acuerdo no se exporta.
IV. Lo que un liberal no puede pasar por alto
Hasta aquí, un lector de derecha podría decir: los fines. Vale.
El problema es que el régimen de excepción no vino solo. El 31 de julio de 2025, a las 21:57, con cincuenta y siete de sesenta votos, la Asamblea Legislativa salvadoreña reformó los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. La reforma habilita la reelección presidencial indefinida, extiende el mandato de cinco a seis años, elimina la segunda vuelta y unifica los ciclos electorales. Entró en vigor de inmediato. El período 2024-2029 se acortó anticipadamente al 1 de junio de 2027.
Reelección indefinida, sin balotaje, con el 84,65% de los votos de 2024 y cincuenta y cuatro de sesenta diputados. Ese no es un debate sobre seguridad. Es la eliminación, en una sesión nocturna, de los tres mecanismos que una república usa para hacer que el poder cambie de manos.
Y hay un dato fiscal que suele quedar fuera. La deuda pública salvadoreña alcanzó los 34.865 millones de dólares al 30 de junio de 2026, y superaba el 89% del PIB en el último dato de ratio disponible, noviembre de 2025. La inversión extranjera directa cayó 37,1% en 2025, segundo año consecutivo de contracción, hasta 475 millones. El acuerdo con el FMI aprobado en febrero de 2025 —mil cuatrocientos millones a cuarenta meses— exigió, entre otras condiciones, congelar las tenencias públicas de bitcoin, salir de la billetera estatal Chivo y prohibir deuda denominada en criptoactivos; la ley que hacía del bitcoin moneda de curso legal fue derogada en enero de 2025.
Es decir: el país más seguro de América Latina no está atrayendo capital, debía casi el 90% de su producto a fines de 2025 y tuvo que desmontar su experimento monetario emblema para acceder a un programa del Fondo.
Hay un vacío que conviene señalar, porque nos incomoda a nosotros: no existe ninguna estimación pública seria del costo fiscal directo del régimen. El presupuesto 2026 agrega "Seguridad Pública y Defensa Nacional" en una sola partida de 1.037 millones de dólares, el 14,8% del total. No hay desglose de la Dirección General de Centros Penales, ni costo por recluso, ni costo de operación del CECOT. Nadie —ni gobierno, ni academia, ni think tanks— lo ha calculado. Encarcelar al 3,3% de los hombres de un país tiene un precio, y no sabemos cuál es.
V. La conclusión que nos toca
La posición honesta no es la que ofrecen los dos bandos disponibles.
No es "Bukele demostró que la mano dura funciona", porque cinco países la aplicaron y ninguno reprodujo el resultado, y porque hay evidencia documentada de que la variable decisiva pudo ser otra.
Tampoco es "Bukele es un autoritario y por lo tanto sus cifras son mentira", porque las cifras están validadas por observadores independientes y porque decirle a un salvadoreño que su barrio no mejoró es faltarle el respeto.
La posición liberal es más incómoda y más precisa: la seguridad es un bien público que el Estado debe proveer, y proveerla no requiere suspender el debido proceso durante cincuenta y dos meses ni eliminar la alternancia. Lo primero es la obligación central del Estado, la que ni el liberalismo más estricto discute. Lo segundo es lo que un gobierno hace cuando no sabe cómo cumplir lo primero por la vía institucional, o cuando descubre que el miedo resuelto es el mejor activo electoral disponible.
El Salvador no le enseñó a América Latina cómo bajar los homicidios. Le enseñó algo más peligroso: que bajarlos compra permiso para casi todo lo demás.
Politarca es un medio liberal de centroderecha que reporta el poder en América Latina. Conflictos de interés: la dirección declara no tener relación comercial con las instituciones cubiertas en esta pieza.
Cita: Redacción Politarca (2026). “Bukele, medido con la vara liberal”. Politarca. El Salvador.
