Quién paga el Estado en América Latina

En América Latina, el impuesto al valor agregado recauda tres veces más que el impuesto a la renta de las personas. El IVA aporta el 28,9% de todo lo que recaudan los Estados de la región; el impuesto a la renta personal, el 9,6%.

En la OCDE la relación se invierte: renta personal 23,7%, IVA 20,5%.

Ese par de cifras contiene casi todo lo que hay que saber sobre la política fiscal latinoamericana, y explica más sobre el malhumor político de la región que cualquier encuesta de aprobación. Vale la pena desarmarlas despacio, porque cada bando político tiene una razón distinta para no mirarlas.

I. El dato que ninguno de los dos lados quiere

Hay una creencia compartida por la izquierda y la derecha latinoamericanas, y es falsa en ambas versiones.

La izquierda cree que el problema es que los ricos no pagan impuestos. La derecha cree que el problema es que el Estado cobra demasiado. Los números dicen otra cosa: el Estado latinoamericano cobra poco y lo cobra mal, y lo cobra sobre todo al consumo de todos.

América Latina recauda 6,2% del PIB por IVA. La OCDE recauda 6,8%. La diferencia es de seis décimas: en materia de impuestos al consumo, la región ya recauda prácticamente como un país desarrollado. Donde se abre el abismo es en la renta personal, donde la OCDE recauda 8,2% del PIB y la región, alrededor de dos.

La derecha que dice "acá se pagan demasiados impuestos" tiene razón si hablamos de lo que paga un asalariado formal cuando compra algo, y no la tiene si hablamos de la carga total: 21,7% del PIB frente al 34,1% de la OCDE.

La izquierda que dice "los ricos no pagan" tiene razón, pero por un motivo distinto al que suele invocar. Según la investigación de CEPAL sobre el potencial redistributivo de la fiscalidad regional, la tasa efectiva que paga el decil de mayores ingresos apenas alcanza un promedio del 5,4%, y en varios países entre el 1% y el 3% de su ingreso bruto, pese a que las tasas legales máximas se sitúan entre el 25% y el 40%. El problema no es que la tasa sea baja. Es que la base está agujereada: exenciones, rentas del capital tratadas aparte, sociedades interpuestas, y una capacidad de fiscalización que ya vimos en qué estado se encuentra.

El resultado combinado es que, según CEPAL, "en la mayor parte de los países, el 90% o más del impuesto es soportado por el 20% de ingresos más elevados, mientras que el 80% de ingresos inferiores no aporta a la recaudación del tributo o lo hace en una fracción muy pequeña". Suena progresivo. No lo es, porque ese impuesto casi no recauda: reduce el coeficiente de Gini regional en un punto porcentual. Es un tributo simbólico.

II. Cuánto redistribuye realmente el Estado latinoamericano

Aquí está la cifra que debería estar en la primera página de cualquier programa fiscal de la región.

El trabajo más completo disponible —Lustig, Martinez-Pabon y Pessino, con la metodología del Commitment to Equity Institute, sobre dieciocho países latinoamericanos— mide cuántos puntos de Gini reduce el sistema de impuestos y transferencias.

América Latina es la región más desigual del mundo y tiene el sistema fiscal que menos hace al respecto. No un poco menos: entre tres y seis veces menos que Europa.

Y sobre la defensa habitual del IVA —que su regresividad se compensa con las transferencias que financia—, la literatura reciente es explícita en rechazarla. El estudio de incidencia distributiva sobre diez países de la región concluye que los impuestos indirectos son desigualadores en todos los países analizados, y aborda directamente el llamado Lambert conundrum para descartarlo: la posibilidad de que un impuesto regresivo se vuelva igualador al sumarle las transferencias es, citando la literatura especializada, "mínima o con un efecto muy pequeño". En Guatemala el efecto desigualador de los impuestos indirectos directamente sobrecompensa el efecto igualador de las transferencias.

Hay un matiz metodológico honesto que conviene declarar: si se ordena a los hogares por consumo en vez de por ingreso, el IVA resulta aproximadamente proporcional. Y la evasión —cerca del 30% del IVA, vía compras informales— alivia de hecho la carga sobre los grupos de menores ingresos. Es decir: parte de lo que salva a los pobres latinoamericanos del IVA es que no lo pagan porque compran fuera del sistema. Eso no es un argumento a favor del diseño tributario. Es un diagnóstico.

III. La factura que se paga dos veces

Ahora la parte que explica la política.

El Estado latinoamericano recauda por consumo, en proporción a su economía, casi tanto como uno desarrollado. Y el hogar que paga ese consumo compra después, de su bolsillo, los servicios que ese Estado no le entrega.

Salud. El gasto de bolsillo representa el 29,7% del gasto total en salud en América Latina y el Caribe, frente al 13,4% en la OCDE. Más del doble. En Guatemala, el 57,2%: más de la mitad de todo el gasto sanitario del país sale directamente del bolsillo de las familias. En México, 41,2%. En Chile, 39,1%.

Educación. El 26,1% de la matrícula primaria peruana es privada; el 25,8% de la argentina; el 19,3% de la colombiana; el 19,1% de la brasileña. En Chile la cifra llega al 63,5%, aunque ahí hay que ser precisos: incluye el sector particular subvencionado, financiado con voucher estatal, y no puede leerse como gasto de bolsillo.

Seguridad. En América Latina y el Caribe hay más de dos millones cuatrocientos mil guardias privados registrados en más de dieciséis mil empresas. Brasil tiene 583.100; México, 450.000. Los ratios de guardias privados por policía documentados son de aproximadamente siete a uno en Honduras y cinco a uno en Guatemala, contra un promedio mundial de dos a uno. La seguridad, ese bien público por antonomasia, se compra al por menor.

Sumadas, las tres cosas dibujan el contrato social real de la región: el ciudadano latinoamericano paga impuestos como europeo cuando compra, recibe servicios como corresponde a un Estado que recauda doce puntos menos, y cubre la diferencia con su tarjeta de crédito.

Eso no es una queja moral. Es una descripción de por qué la clase media latinoamericana vota como vota.

IV. Y esa clase media es más grande y más frágil que nunca

El Banco Mundial estima que la clase media regional llegó al 42,3% de la población en 2024, con una proyección de 42,8% para el cierre de 2025: el nivel más alto de la historia. Los pobres bajaron al 25,5%. (La taxonomía del Banco Mundial define clase media como todo hogar por encima de diecisiete dólares diarios en paridad de poder adquisitivo, de modo que la categoría incluye también a los ricos.)

Pero la franja intermedia —los "vulnerables", que ya no son pobres y todavía no son clase media— lleva una década estancada en torno al 32%. Un tercio de América Latina vive permanentemente a un despido de distancia de la pobreza. Y el dato causal es elocuente: perder el empleo aumenta en 24,8 puntos porcentuales la probabilidad de salir de la clase media.

Ya vimos lo que ese riesgo cuesta cuando se materializa. En 2020, 4,7 millones de personas salieron de la clase media latinoamericana. Sin el programa de transferencias de emergencia de Brasil, habrían sido doce millones, y veinte millones los que caían en pobreza.

Un tercio de la región en el borde, un Estado que redistribuye tres puntos de Gini, y un sistema tributario que cobra sobre todo cuando esa gente compra. Es difícil imaginar una arquitectura fiscal peor diseñada para producir estabilidad política.

V. Qué sigue de todo esto

Si uno cree en mercados y en Estados que funcionen —que es la posición desde la que escribimos—, la conclusión no es cómoda para nadie.

Para la derecha: bajar el IVA es popular y probablemente correcto en el margen, pero no es la reforma. La reforma es ensanchar la base del impuesto a la renta, gravar las rentas del capital como se gravan las del trabajo y cerrar las exenciones que hacen que el decil superior pague 5,4% efectivo. Eso es exactamente lo que una derecha con financistas no quiere hacer, y es la prueba de fuego de si su liberalismo es un principio o una clientela.

Para la izquierda: subir tasas nominales sobre una base agujereada no recauda; produce titulares. Veinticinco años de reformas tributarias latinoamericanas movieron la presión regional de 16,8% a 21,7% del PIB. En la última década, en cambio, la participación del impuesto a la renta personal en la recaudación pasó del 9,5% al 9,6%: una décima. Lo que falta no es voluntad redistributiva. Es administración tributaria.

Y para los dos: ningún cambio en la estructura tributaria arregla el problema si el gasto sigue comprando servicios que la gente igual tiene que comprar de nuevo. Un Estado que cobra el 21,7% del PIB y obliga al ciudadano a poner de su bolsillo el 30% de su gasto en salud no tiene un problema de recaudación. Tiene un problema de entrega.

La pregunta "¿quién paga el Estado en América Latina?" tiene una respuesta técnica —el consumo de la clase media y de los pobres— y una respuesta política que es la que ordena todo lo demás: lo paga gente que no lo usa.

Politarca es un medio liberal de centroderecha que reporta el poder en América Latina. Conflictos de interés: la dirección declara no tener relación comercial con las instituciones cubiertas en esta pieza.
Cita: El Erario (2026). “Quién paga el Estado en América Latina”. Politarca. América Latina.