Un empresario que hoy quiera cobrar una factura impaga ante un tribunal comercial en América Latina esperará, en promedio, setecientos setenta y cuatro días. En Corea del Sur esperará doscientos noventa. La diferencia no es de matiz: es la diferencia entre un país donde un contrato significa algo y uno donde significa una intención.
Corea del Sur recauda el 25,3% de su producto en impuestos. América Latina recauda el 21,7%. La distancia entre ambos es de menos de cuatro puntos, un margen que en cualquier debate presupuestario latinoamericano se resolvería en una tarde. Corea emplea al 8,6% de su fuerza laboral en el gobierno general; Chile, al 8,5%; México, al 13,6%. En la escala que la política latinoamericana pasó quince años discutiendo —¿Estado grande o Estado chico?— Corea del Sur no es un caso interesante. Está prácticamente donde estamos nosotros.
Y sin embargo resuelve un litigio comercial dos veces y media más rápido, y su administración pública obtiene, en el índice de eficacia gubernamental del Banco Mundial, medio punto de desviación estándar más que Chile, que es el mejor de la región.
Ese es el hecho que la derecha latinoamericana ganó el poder sin haber discutido.
I. La pregunta mal formulada
Durante quince años, el debate político de la región se organizó alrededor de un eje: cuánto Estado. La izquierda pedía más; la derecha, menos. Ambos bandos trataban al Estado como un volumen, algo que se dilata o se contrae, y disputaban la perilla.
El eje era falso, y los números lo delatan con una crudeza que incomoda a los dos lados.
América Latina recauda 21,7% del PIB frente al 34,1% de la OCDE. La brecha es de doce puntos, y ha tardado veinticuatro años en cerrarse cinco: en el año 2000 la región recaudaba 16,8%. A ese ritmo, la convergencia fiscal con los países desarrollados llegaría alrededor de 2085. Pero el dato aislado no significa nada, porque la dispersión interna es enorme: Brasil recauda 33,7% —más que muchos países europeos— y Guatemala, 14,3%. Argentina, 27,6%. Chile, 20,5%. Perú, 16,3%.
Si el tamaño explicara la calidad, Brasil debería tener el mejor Estado de la región y Guatemala el peor. Guatemala, efectivamente, tiene el peor: −0,909 en el índice de eficacia gubernamental del Banco Mundial. Pero Brasil obtiene −0,224, apenas por encima de México y por debajo de Colombia, que recauda catorce puntos menos del PIB. Brasil recauda como Alemania y administra como Perú.
La correlación entre cuánto cobra un Estado latinoamericano y qué tan bien funciona es, en el mejor de los casos, débil. Y eso debería haber sido el punto de partida de cualquier programa liberal serio en la región. No lo fue.
II. Lo que un Estado latinoamericano no hace
Vale la pena enumerar lo que un ciudadano de la región no recibe de su Estado, en el orden en que lo nota.
No lo protege. Los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sobre ochenta y dos países, son de una brutalidad estadística poco frecuente: en Europa, por cada diez víctimas de homicidio hay ocho condenados. En Asia, alrededor de seis. En las Américas, menos de dos. En México, la tasa de esclarecimiento de homicidios dolosos ronda el 10%: nueve de cada diez asesinatos no producen ningún responsable. En Brasil, la investigación de referencia del Consejo Nacional del Ministerio Público estimó que entre el 92% y el 95% de los homicidios quedan sin resolver.
Un Estado que no encarcela asesinos no es un Estado chico. Es un Estado que no existe en la única materia donde ni el liberalismo más estricto discute su monopolio.
No hace cumplir sus propias reglas. Los setecientos setenta y cuatro días del promedio regional esconden extremos: Guatemala, 1.402 días; Colombia, 1.288, con un costo del 45,8% del valor de la demanda. Cobrar judicialmente una deuda en Colombia cuesta casi la mitad de la deuda y toma tres años y medio. En la práctica, eso significa que para montos medianos el sistema judicial no está disponible. Existe en el organigrama y no en la vida económica.
No deja entrar. Abrir una empresa formal cuesta, en promedio regional, el 31,4% del ingreso per cápita y toma casi veintinueve días. En los países de altos ingresos de la OCDE cuesta el 3% y toma nueve. Diez veces más caro. En El Salvador, el 43,3% del ingreso per cápita: casi medio año de ingreso medio para tener derecho a existir legalmente.
No sostiene a sus viejos. El 58,3% de las personas por encima de la edad legal de jubilación en América Latina recibe una pensión contributiva. Y solo el 31% de la población en edad de trabajar cotiza activamente a un sistema de pensiones. Dicho de otro modo: dos tercios de los trabajadores latinoamericanos están construyendo una vejez sin ningún respaldo formal, y el Estado lo sabe desde hace décadas.
No conecta. La región invierte alrededor del 1,8% de su producto en infraestructura, según la estimación del BID; necesitaría el 3,12% para cerrar la brecha hacia 2030. CEPAL, con otra metodología y otros sectores, calcula 2,3% de inversión efectiva frente a un 6,2% necesario. Las dos cifras no son comparables —conviene no mezclarlas— pero apuntan en la misma dirección: la región invierte entre un tercio y algo más de la mitad de lo que necesita para tener puertos, rutas y redes eléctricas que funcionen.
Ninguno de estos cinco fracasos se corrige subiendo o bajando el gasto. Todos se corrigen construyendo capacidad: fiscalías que investiguen, jueces que fallen, registros que registren, catastros que catastren.
III. La confianza como consecuencia
Hay un dato de Latinobarómetro que suele leerse como diagnóstico cultural y que en realidad es una factura.
En 2024, la confianza de los latinoamericanos en el Poder Judicial era del 28%. En el Congreso, del 24%. En los partidos políticos, del 17%. Son cifras que llevan tres décadas oscilando en la misma franja baja: el Congreso llegó a 38% en 1997 y a 19% en 2017; los partidos, a 30% y a 13% en los mismos años.
La lectura habitual es que los latinoamericanos son desconfiados. La lectura correcta es que están bien informados. Un ciudadano que sabe que en su región menos de dos de cada diez homicidios terminan en condena, y que un juicio comercial toma más de dos años, no desconfía del Poder Judicial por prejuicio: lo evalúa correctamente. La desconfianza institucional latinoamericana no es un déficit de cultura cívica. Es una medición ciudadana bastante precisa de la capacidad estatal real.
Eso tiene una implicación política que la derecha regional no ha querido mirar. El apoyo a la democracia en la región subió cuatro puntos en 2024, hasta el 52%, el mayor repunte en catorce años. Pero el 25% declara ser indiferente entre un régimen democrático y uno que no lo sea. Uno de cada cuatro. Esa indiferencia no se cura con discursos sobre las bondades de la libertad. Se cura con un Estado que conteste el teléfono.
IV. Por qué esto le incumbe especialmente a la derecha
Un lector podría objetar, con razón, que nada de lo anterior es propiedad de una ideología. Es cierto. La izquierda latinoamericana gobernó dos décadas y tampoco construyó fiscalías que funcionaran; en varios casos, las desmanteló.
Pero el argumento tiene una vuelta de tuerca que sí es específicamente liberal, y es la que hace de esto un problema de la derecha y no de todos.
El liberalismo económico no funciona en el vacío. Funciona sobre una infraestructura institucional muy concreta: contratos que se ejecutan, propiedad que se registra, competencia que se protege, delitos que se castigan. Un mercado sin esas cuatro cosas no es un mercado libre: es un mercado donde gana el que tiene más abogados, más contactos o más armas. Y eso, en América Latina, tiene un nombre y es exactamente lo contrario de lo que la derecha dice querer.
Cuando un gobierno liberal reduce el Estado sin haber construido primero esas capacidades, no está liberando el mercado. Está retirando al único árbitro disponible de una cancha donde los jugadores no son parejos. El resultado predecible —y el registro histórico regional es abundante— no es competencia: es concentración.
Hay una segunda razón, más incómoda. Si la promesa de la derecha es que el Estado gastará menos y funcionará mejor, y a los tres años el ciudadano comprueba que gasta menos y funciona igual de mal, la conclusión que sacará no será "hay que ajustar mejor". Será que la promesa era falsa. Y el siguiente gobierno no será liberal.
V. Qué se hace con esto
No es misterioso, y esa es la parte irritante. Los países que salieron del subdesarrollo tarde no inventaron nada exótico. Estonia abre una empresa en tres días y medio con tres procedimientos, al 1% del ingreso per cápita. Corea resuelve un contrato en doscientos noventa días con un índice de calidad procesal de 14,5 sobre 18; América Latina obtiene 8,8. Ninguna de esas dos cosas requiere un Estado grande. Requieren un Estado que haya decidido que esas dos funciones son prioritarias y las haya financiado, digitalizado y profesionalizado durante veinte años seguidos.
La agenda es aburrida y por eso nadie la hace: carrera civil con concursos reales y sueldos que compitan con el sector privado; interoperabilidad de registros; digitalización judicial; fiscalías especializadas con presupuesto plurianual; estadísticas públicas que nadie pueda manipular. Nada de eso da un titular. Todo eso decide si un país funciona.
Alberdi, que en estos días es citado por medio continente para justificar lo contrario, escribió en el Sistema económico y rentístico una frase que conviene tener a mano: "Indudablemente no puede haber gobierno gratis, ni debe haberle por ser el más caro de los gobiernos." Y agregó: "Los sueldos crecidos pagados a la aptitud son un medio de disminuir el gasto público en empleados de hacienda."
No estaba defendiendo el Estado grande. Estaba diciendo algo más difícil y más útil: que un Estado barato es el más caro de todos, porque no hace lo que se le paga por hacer, y hay que pagarlo dos veces —una en impuestos y otra en guardias privados, colegios privados, clínicas privadas y abogados—.
La derecha latinoamericana llegó al gobierno con un mandato para reducir el Estado. Va a descubrir, si no lo ha descubierto ya, que su verdadero mandato era otro: construir uno.
Politarca es un medio liberal de centroderecha que reporta el poder en América Latina. Conflictos de interés: la dirección declara no tener relación comercial con las instituciones cubiertas en esta pieza.
Cita: Biblioteca Politarca (2026). “El Estado que no existe”. Politarca. América Latina.
