El 9 de enero de 2000, Jamil Mahuad anunció por cadena nacional que Ecuador adoptaría el dólar estadounidense a razón de veinticinco mil sucres por unidad. Doce días después, una alianza de dirigentes indígenas y oficiales medios del Ejército lo sacó del Palacio de Carondelet. Una junta se formó y se disolvió en unas tres horas. En la madrugada del 22 de enero asumió el vicepresidente, Gustavo Noboa.
Lo que ocurrió después es la parte que casi nunca se cuenta: Noboa mantuvo la dolarización. La formalizó el 13 de marzo de 2000 con la Ley para la Transformación Económica del Ecuador —la "ley trolebús"—, publicada ese mismo día en el Registro Oficial. El sucre dejó de circular el 9 de septiembre, después de ciento dieciséis años.
Es decir: la medida económica más radical de la historia ecuatoriana moderna sobrevivió al derrocamiento del presidente que la tomó. Ese detalle, y no la tasa de conversión, es lo que hace del caso ecuatoriano un archivo relevante.
Cómo se llega a veinticinco mil
La dolarización no fue un plan. Fue lo que quedó.
En diciembre de 1998 quebró Filanbanco, el banco más grande del país. El Estado ya había inyectado alrededor de mil millones de dólares a la banca privada entre agosto de 1998 y febrero de 1999. El 8 de marzo de 1999, Mahuad decretó un feriado bancario anunciado como de veinticuatro horas que duró cinco días, y congeló los depósitos. El 22 de marzo cerró el Banco del Progreso. Hacia el año 2000, alrededor del 70% de la banca privada ecuatoriana estaba quebrada o estatizada; dieciocho bancos cerraron.
El costo fiscal del salvataje, según la base de datos de crisis bancarias sistémicas del Fondo Monetario Internacional, fue del 21,7% del PIB en términos brutos y del 16,3% neto. La pérdida de producto respecto de la tendencia se estimó en 25,4%. La cartera morosa llegó al 40% del total.
El sucre, mientras tanto, se desintegraba. Empezó 1999 alrededor de los 4.500 por dólar; terminó el año sobre los 18.000; para el 8 de enero de 2000 rondaba los 30.000. En doce meses, el sucre perdió alrededor de tres cuartas partes de su valor. Las cifras exactas varían según la fuente, lo que en sí mismo dice algo sobre el estado de las estadísticas de un país en colapso.
El salario mínimo mensual ecuatoriano cayó de 134 dólares en enero de 1999 a 50 en diciembre. La pobreza medida a la línea de tres dólares diarios pasó del 21,1% en 1998 al 34,1% en 2000. El coeficiente de Gini saltó de 49,6 a 58,6 en un solo año. Al menos novecientas mil personas —cerca del 15% de la fuerza laboral— emigraron entre 1998 y 2000.
Dolarizar, en ese contexto, no era elegir un régimen monetario. Era admitir que ya no había uno.
Los dos primeros años fueron peores
Este es el dato que los partidarios de la dolarización omiten con más frecuencia, y el que un medio serio tiene que poner en primer plano.
La inflación anual promedio de Ecuador fue del 52,2% en 1999. En 2000, el año de la dolarización, fue del 96,1%. En 2001 todavía era del 37,7%. Recién en 2002 bajó a 12,5%, y en 2004 llegó al 2,7%.
Fijar el tipo de cambio a veinticinco mil sucres por dólar equivalió a una devaluación masiva de golpe, y los precios tardaron dos años en terminar de absorberla. Quien haya vendido dolarización como estabilidad inmediata mintió, o no leyó la serie. El régimen entregó lo que prometía —en la última década la inflación ecuatoriana ha oscilado entre el −0,3% y el 2,2%, y en julio de 2026 fue de 1,39% anual— pero la entrega tomó cuatro años y un costo social que la memoria pública ha ido borrando.
La factura del otro lado
Un país dolarizado no puede devaluar. Esa frase se repite como una obviedad técnica; conviene ver cómo se paga en la práctica.
Cuando el precio del petróleo se derrumbó entre 2014 y 2016, Ecuador no podía ajustar por tipo de cambio. Ajustó por aranceles. El 11 de marzo de 2015, mediante la resolución 011-2015 del COMEX, impuso sobretasas de entre 5% y 45% a unas dos mil ochocientas subpartidas. Las importaciones cayeron de 26.448 millones de dólares en 2014 a 20.460 en 2015 y a 15.551 en 2016 —un desplome del 41% en dos años—. Cuando las salvaguardias se desmontaron en 2017, las importaciones rebotaron 22,4%.
Es un dato que debería incomodar a quienes proponen dolarizar en nombre del libre mercado: el país sin moneda propia terminó usando el proteccionismo como sustituto de la devaluación. No porque quisiera, sino porque era el único instrumento que le quedaba.
El terremoto del 16 de abril de 2016 costó 3.344 millones de dólares en reconstrucción y restó 0,7 puntos al PIB nacional. Se financió con una ley solidaria que incluyó un alza temporal del IVA, líneas contingentes de organismos multilaterales y 400 millones del FMI. En la pandemia, el PIB ecuatoriano cayó 9,25% —una de las contracciones más severas de la región— y la pobreza nacional pasó del 25% al 33%.
Ecuador defaulteó dos veces bajo dolarización: en 2008, por decisión política de Rafael Correa, y en 2020, cuando reestructuró 17.375 millones de dólares en bonos globales con el 97,85% de aceptación de los acreedores, reduciendo el capital en 1.540 millones y la tasa promedio del 9,2% al 5,3%.
La dolarización elimina el riesgo cambiario. No elimina el riesgo fiscal. Lo concentra.
Y sin embargo
Ecuador hoy tiene una deuda pública de 93.391 millones de dólares, el 69% del PIB. Registró 9.216 homicidios en 2025, un máximo histórico y un alza superior al 30% sobre 2024, con una tasa de 50,9 por cada cien mil habitantes: la peor de Sudamérica. En el primer semestre de 2026 llevaba más de cuatro mil.
Ningún ecuatoriano con peso político propone abandonar el dólar.
La única encuesta con casa encuestadora identificable que pudimos verificar —Cedatos, 2015— situaba el apoyo a la dolarización en el 85%. Las cifras que circulan hoy en la prensa, entre 89% y 92%, no tienen ficha técnica atribuible y no las publicamos como dato. Pero el orden de magnitud es consistente y el comportamiento político lo confirma: en veintiséis años, con gobiernos de todos los signos, incluida una década de correísmo, nadie tocó el régimen.
La explicación no es económica. Es institucional, y es la lección de fondo del archivo ecuatoriano.
La dolarización funcionó como un candado sobre la única palanca que la política ecuatoriana había demostrado no poder administrar. No mejoró la calidad del Estado, no redujo la corrupción, no construyó capacidad fiscal ni resolvió la violencia. Hizo una sola cosa: retiró del alcance de los políticos el instrumento con el que históricamente habían licuado los ahorros de los ecuatorianos. Y los ecuatorianos, que lo entendieron perfectamente, la defienden desde entonces como se defiende una cerradura, no como se defiende una política.
Lo que esto dice —y lo que no dice— sobre Argentina
A agosto de 2026, Argentina no está dolarizada. Rige un esquema de bandas de flotación cuyo ajuste, desde enero de este año, se indexa a la inflación mensual en lugar del crawl fijo del 1%. El techo de la banda estaba en 1.866 pesos y el mayorista operaba en torno a 1.497. Las reservas brutas del Banco Central superaron los cincuenta mil millones de dólares el 19 de agosto, máximo del período. La inflación de julio fue del 2,1% mensual y 33,8% interanual. El cepo sigue parcialmente vigente: persisten la prohibición de compra de divisas para atesoramiento por personas jurídicas, la restricción cruzada de noventa días con los dólares financieros y límites al giro de dividendos.
Es decir: el gobierno que llegó proponiendo dolarizar eligió, en los hechos, un camino distinto.
El archivo ecuatoriano no dice si esa decisión fue correcta. Dice tres cosas más modestas y más útiles.
Primera: la dolarización no es una política de estabilización, es una renuncia. Se adopta cuando ya no queda nada que administrar, y el costo de entrada —dos años de inflación alta y una redistribución brutal— se paga completo y por adelantado.
Segunda: no compra capacidad estatal. Ecuador es hoy el país más violento de Sudamérica y su deuda equivale a dos tercios de su producto. El dólar no arregló nada de eso, ni prometió hacerlo.
Tercera, y es la que importa: su valor real fue institucional, no monetario. Sirvió porque ató las manos de un sistema político que había demostrado no poder tener las manos libres. Cualquier país que evalúe imitarlo debería empezar por esa pregunta —¿qué palanca concreta queremos volver inalcanzable, y por qué creemos que no encontraremos otra?— y no por la tasa de conversión.
Ecuador escribió un manual sin proponérselo. La mayor parte de quienes lo citan solo leyeron la portada.
Politarca es un medio liberal de centroderecha que reporta el poder en América Latina. Conflictos de interés: la dirección declara no tener relación comercial con las instituciones cubiertas en esta pieza.
Cita: Biblioteca Politarca (2026). “El manual que Ecuador escribió sin querer”. Politarca. Ecuador.
