El 1 de julio de 2026, una corte de apelaciones peruana revirtió un fallo de primera instancia y resolvió que el puerto de Chancay es infraestructura de uso público, y que por lo tanto el organismo regulador peruano puede "regular, supervisar, inspeccionar y sancionar a los operadores".
El fallo de enero de 2026 que la corte revirtió había aceptado el argumento de COSCO Shipping Ports: por haber sido financiado con capital privado, el puerto no requería supervisión estatal.
Un puerto de mil trescientos millones de dólares, inaugurado en noviembre de 2024 con Xi Jinping conectado por videoconferencia, que reduce el tránsito marítimo a China a veintitrés días, y cuyo operador chino sostuvo durante un año y medio ante tribunales peruanos que el Estado del Perú no tenía jurisdicción sobre él.
Ahí está condensada la historia de la última década.
I. El dinero cambió de forma
La imagen que la mayoría todavía tiene de China en América Latina corresponde a la década pasada: préstamos gigantescos respaldados por petróleo a Venezuela y Ecuador. Esa etapa terminó hace tiempo.
Los préstamos de los bancos estatales chinos a la región alcanzaron su pico en 2010, en torno a los treinta y cinco mil millones de dólares anuales. En 2022 fueron ochocientos sesenta y tres millones. En 2023, mil trescientos millones, repartidos en dos operaciones y un solo país: Brasil. En 2024 subieron a dos mil ochocientos millones, el mayor monto en cinco años, y aun así una fracción marginal de lo que fueron.
Lo que se contrajo fue el crédito soberano. Lo que se expandió fue otra cosa. Según el balance anual del Global Development Policy Center de la Universidad de Boston, en cinco años los proyectos de infraestructura crecieron 50%, la inversión en minerales de transición energética más que se duplicó, y la generación eólica y solar creció más de 50%.
Entre 2005 y 2017, minería e hidrocarburos concentraban cerca del 80% de la inversión china en la región. Hoy el dinero va a puertos, litio, redes eléctricas, cables submarinos y automóviles.
Es una diferencia crucial y casi nadie la nombra. Un préstamo se paga y se termina. Una red de distribución eléctrica no.
II. Lo que eso significa en concreto
Chile. Empresas chinas controlan dos tercios de la distribución eléctrica del país. En Lima, la totalidad. En Brasil, alrededor del 12% de la generación y distribución.
Automóviles. En meses recientes, más del 80% de las ventas de vehículos eléctricos en Brasil fueron de marcas chinas; BYD tiene el 74% del mercado brasileño de eléctricos. Su planta de Camaçari, en Bahía, inaugurada en octubre de 2025 sobre el antiguo predio de Ford, es la mayor inversión de la compañía fuera de Asia. Great Wall Motor abrió en Iracemápolis en agosto de 2025. GAC anunció mil trescientos millones en Brasil en 2026.
Litio. CBC, filial de CATL, invertirá mil millones de dólares en plantas en Bolivia. Tianqi Lithium posee alrededor del 22% de SQM en Chile. Ganfeng opera varios proyectos en Argentina.
Comercio. El 32,7% de las exportaciones chilenas tuvo como destino China en 2025, casi el doble de la participación de Estados Unidos, que quedó en 17%. En Brasil, el 28,7%, con un superávit bilateral de 29.100 millones que equivale al 43% de todo el superávit comercial brasileño con el mundo. En Perú, China concentra el 75,2% del valor de las exportaciones de cobre.
Hay una cifra que resume el conjunto y que debería preocupar más de lo que preocupa: el déficit comercial de América Latina con China alcanzó en 2024 el 1,4% del PIB regional, un récord histórico. La región le vende materias primas —cobre sin refinar, soja, petróleo crudo, carne congelada— y le compra manufactura. Es la relación comercial que Prebisch describió en los años cincuenta, con otro socio.
III. La contradicción liberal
Aquí es donde el asunto deja de ser geopolítico y se vuelve doctrinario, y donde un medio de estas convicciones tiene que ser honesto consigo mismo.
Chile firmó un tratado de libre comercio con China que entró en vigor en 2006 y lo amplió en 2019. Perú lo hizo en 2010, Costa Rica en 2011, Nicaragua en 2024. Ecuador ratificó el suyo en 2024. Cada uno de esos acuerdos es, en términos estrictos, una victoria del libre comercio, y quienes los firmaron los defendieron con los argumentos correctos.
El problema es que el socio no juega con las mismas reglas, y la región lo sabe.
Un liberal latinoamericano puede sostener tres posiciones ante esto, y las tres tienen costos.
Puede sostener que el comercio es el comercio y que la naturaleza política del socio es irrelevante mientras los contratos se cumplan. Es coherente. Pero entonces tiene que explicar el caso Chancay, donde el operador sostuvo ante tribunales que el Estado receptor no podía supervisarlo, y aceptar que la infraestructura crítica en manos de una empresa estatal de un régimen no liberal no es equivalente a la infraestructura en manos de una empresa privada de una democracia.
Puede sostener que hay sectores estratégicos —redes eléctricas, puertos, telecomunicaciones, cables submarinos— donde la propiedad importa y el Estado debe poder decir que no. Es sensato. Pero es exactamente el argumento que la izquierda usa para bloquear inversión extranjera, y quien lo adopte tendrá que aceptar que abrió esa puerta.
Puede alinearse con Washington. Y ahí está el problema del momento, porque Washington dejó de pedir.
IV. Lo que cambió en 2026
La presión estadounidense sobre la región dejó de ser diplomática y pasó a ser operativa.
En Panamá, la Corte Suprema anuló el 30 de enero de 2026 las concesiones de dos puertos de la filial de CK Hutchison; el 10 de marzo COSCO suspendió servicios en Balboa; el 24 de marzo el reclamo por daños de la empresa superaba los dos mil millones de dólares. China respondió aumentando drásticamente las inspecciones a buques de bandera panameña. Panamá ya había abandonado la Franja y la Ruta en febrero de 2025 bajo presión estadounidense.
En Uruguay, el ministro de Economía Gabriel Oddone reveló el 24 de marzo de 2026 que Estados Unidos ejerció una presión "inimaginable" e "insostenible" para romper lazos comerciales con China.
En Chile, el entonces presidente Gabriel Boric denunció en marzo de 2026, en los últimos días de su mandato, "amenazas explícitas" de Estados Unidos por el proyecto de cable submarino de fibra óptica Chile-China Express; días después, el embajador estadounidense sugirió públicamente que el proyecto fracasaría.
En Brasil, el cónsul general estadounidense desalentó a empresas chinas de adquirir una concesión en el puerto de Santos, el mayor de América Latina.
Colombia impuso un arancel máximo del 35% a importaciones de acero y metalmecánica de países sin acuerdo comercial, China incluida. México encara una revisión del T-MEC centrada en frenar importaciones asiáticas y limitar la inversión china.
Y Ecuador, cuyo presidente declaró en marzo de 2026 que no puede distanciarse de China por ser su segundo socio comercial, resume el dilema de toda la región en una frase.
V. La posición honesta
América Latina no fue comprada. Fue conectada, que es distinto y más difícil de deshacer.
Un préstamo vence. Un puerto opera treinta años. Una red de distribución eléctrica es un monopolio natural regulado que no cambia de manos sin una expropiación. Una flota de autobuses eléctricos define el estándar técnico de una ciudad por dos décadas. La huella china en la región no está en el balance de los bancos: está en los activos físicos que determinan cómo funciona un país todos los días.
Y la región enfrenta esa realidad sin haber discutido nunca, en ningún parlamento, qué activos considera estratégicos. No hay en América Latina un marco de revisión de inversión extranjera por seguridad nacional comparable al de Estados Unidos, la Unión Europea o Australia. Cada país improvisa cuando ya firmó.
Eso —y no la elección entre Washington y Pekín— es la conversación pendiente. Un país soberano puede decidir vender su red eléctrica a quien quiera. Lo que no puede es descubrir a quién se la vendió cuando el comprador le dice a un tribunal que no acepta ser supervisado.
Perú tardó dieciocho meses y dos instancias judiciales en establecer que el Estado peruano manda en el puerto peruano. Ganó. La próxima vez conviene tener la respuesta antes de firmar.
Politarca es un medio liberal de centroderecha que reporta el poder en América Latina. Conflictos de interés: la dirección declara no tener relación comercial con las instituciones cubiertas en esta pieza.
Cita: Corresponsalía Politarca (2026). “China no compró América Latina. La conectó — y ahora cobra el peaje”. Politarca. Perú.
