Ya no es un cartel. Es un conglomerado.

La Operación Carbono Oculto se ejecutó el 28 de agosto de 2025 con mil cuatrocientos agentes. Cuarenta y dos de sus objetivos estaban en la Faria Lima, el distrito financiero de São Paulo.

Lo que encontró: más de mil estaciones de servicio controladas en diez estados, mil seiscientos camiones, cuatro usinas de alcohol. Un esquema con un volumen estimado en 9.600 millones de dólares y una evasión fiscal de entre 1.400 y 1.600 millones. Una sola fintech movió 8.500 millones. Cuarenta fondos de inversión, con un patrimonio conjunto de 5.500 millones, aparecen en la estructura que describe la investigación; nada en ella permite afirmar que sus administradores conocieran el origen de los fondos. El dinero circulaba por "bancos paralelos" montados sobre cuentas bolsillo y más de diez mil novecientos depósitos en efectivo.

Según la investigación policial, detrás estaba el Primeiro Comando da Capital.

Ese es el punto de esta nota, y es el que la cobertura policial de la región casi nunca hace: el crimen organizado latinoamericano dejó de ser un negocio de droga hace tiempo. Sigue vendiendo droga, igual que Amazon sigue vendiendo libros. Pero su rentabilidad, su capacidad de captura del Estado y su riesgo sistémico ya están en otra parte.

I. El tamaño

El Instituto Igarapé publicó en julio de 2026 una estimación que conviene tener a mano: el PCC tiene entre treinta mil y cuarenta mil integrantes; el Comando Vermelho, entre veinte mil y treinta mil. En su ranking de amenazas criminales en las Américas, los dos ocupan los primeros dos lugares, por delante del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El organigrama que la Policía Civil de São Paulo reconstruyó en 2026 describe una estructura de catorce "sintonías" —sectores funcionales— con cerca de noventa líderes, de los cuales cincuenta y dos estarían presos y treinta y seis en libertad. La cúpula, la Sintonia Final, tendría quince integrantes y solo uno en libertad. La misma reconstrucción identifica a Marcos Willians Herbas Camacho, "Marcola", como conductor de la organización desde prisión desde 1999.

Esa investigación atribuye además a la cúpula la expulsión de tres miembros que desafiaron a Marcola en 2024, y una sentencia de muerte interna en su contra. Una organización de treinta mil personas que resuelve una disputa de sucesión sin fracturarse, con su líder encarcelado hace veintisiete años, no es una banda. Es una institución.

II. Las líneas de negocio

Combustible. Ver la operación de agosto de 2025. El atractivo es evidente: márgenes altos, volumen enorme, y un producto que se mezcla, se adultera y se factura falsamente sin que nadie lo note.

Oro. Es probablemente la mayor historia económica no contada de la región. El Instituto Peruano de Economía proyectó exportaciones de oro ilegal peruano por entre 12.000 y 12.500 millones de dólares en 2025, más de un 60% por encima de 2024, equivalentes a entre 105 y 115 toneladas métricas. La cifra confirmada después superó las cien toneladas. Casi la mitad del oro ilegal que sale de Sudamérica se extrae en Perú. En 2025, la minería ilegal de oro superó en valor a la formal.

Y el destino cambió: India y Emiratos Árabes Unidos reciben hoy alrededor de la mitad de los envíos peruanos, cuando en 2014 dominaban Suiza, Estados Unidos y Canadá. El oro no cambió de mineral. Cambió de aduana, hacia jurisdicciones con menores estándares de verificación de origen.

El costo ambiental está medido: la contaminación por mercurio en Laberinto, Madre de Dios, supera hasta ocho mil veces los umbrales de la Organización Mundial de la Salud.

Extorsión. Es el negocio que más rápido crece, y el que más directamente destruye la economía formal.

En Perú, sesenta y nueve conductores y cinco cobradores de transporte público fueron asesinados en su trabajo durante 2025, y alrededor del 80% de las empresas de transporte admite pagar unos treinta mil soles mensuales. Un estudio de junio de 2026 encontró que bodegas y pequeños negocios peruanos destinan hasta el 10% de sus ingresos a seguridad.

En Chile, la subdirectora de Crimen Organizado de la Fiscalía declaró en abril de 2026 que el secuestro extorsivo supera los ochocientos casos anuales y que "el delito se instaló en Chile". El Global Organized Crime Index 2025 le asigna a Chile 5,00 puntos en extorsión y cobro de protección, medio punto más que dos años antes.

Conviene una salvedad honesta: las reformas legales chilenas de 2023 ampliaron la definición de extorsión, lo que explica una parte del salto en los registros. Y en Perú las cifras de 2026 son internamente contradictorias —la policía reportó 512 denuncias en enero, "casi la mitad que en 2025", y más de doce mil en el semestre—. Cualquier serie peruana de 2026 debería pedirse consolidada al Ministerio del Interior antes de graficarse.

Puertos. Ecuador incautó 214,53 toneladas de droga en 2025, un 27,2% menos que el récord de 294,61 toneladas de 2024. Es decir, entre 210 y 295 toneladas en los dos últimos años, lo que lo sitúa como tercer país del mundo en volumen de incautación. Las terminales de Guayaquil manejan el 85% de la carga nacional; de las 31,4 toneladas incautadas en puertos en 2025, 27,4 fueron en la provincia del Guayas.

El método documentado: ocultar cocaína en islotes del Golfo de Guayaquil y traspasarla a buques mercantes en alta mar o adherida al casco, eludiendo el control portuario por completo. Los Lobos, Los Lagartos, Los Tiguerones y Los Choneros se disputan el golfo y reclutan pobladores y pescadores. La respuesta incluye un grupo policial con veinte buzos para inspeccionar cascos, y un centro de inteligencia que la Unión Europea abrió en Guayaquil en enero de 2026.

III. Lo que esto significa institucionalmente

Una organización que controla mil estaciones de servicio, mueve 8.500 millones por una fintech y aparece en cuarenta fondos de inversión no necesita corromper policías. Necesita contadores, abogados y reguladores distraídos.

Ahí está el cambio que la política de seguridad latinoamericana no ha registrado. Toda la arquitectura de respuesta —militarización, megacárceles, estados de excepción, incautaciones espectaculares— está diseñada contra un enemigo que porta armas y ocupa territorio. Y ese enemigo existe, y mata. Pero el que decide si el crimen organizado gana o pierde es el que abre cuentas.

El informe de tipologías del GAFILAT identifica los cuatro sectores más vulnerables de la región en este orden: banca, automotor, inmobiliario y servicios notariales. Ninguno se combate con un traslado de reclusos.

Y conviene aquí una advertencia que va contra el interés narrativo de esta nota: no existe una estimación oficial y actualizada del volumen del lavado de activos en América Latina. La cifra que circula —entre 2% y 5% del PIB mundial— es una estimación del Fondo Monetario de los años noventa que nunca se actualizó metodológicamente. Las cifras que sí están documentadas por el GAFILAT, unos 210.000 millones de dólares anuales en contrabando y 236.000 millones en trata de personas, miden delitos precedentes, no lavado. Publicar un número de lavado regional como dato duro sería inventarlo.

IV. Rosario, y por qué las cifras importan

El caso argentino ilustra a la vez lo que funciona y lo difícil que es saberlo.

La ciudad de Rosario registró 287 homicidios en 2022, una tasa de 22,1 por cien mil: récord desde el inicio de la serie en 2014, con cerca del 90% cometidos con arma de fuego y el 72% vinculados a organizaciones criminales. En 2024 fueron 91, tasa de 6,75. En 2025 subieron a 116, tasa de 8,5.

El gobierno de Santa Fe informó que en el primer semestre de 2026 el departamento Rosario registró 45 homicidios, frente a 150 en el mismo período de 2023, y lo describió como el registro más bajo desde que la provincia mide violencia.

Es, con casi cualquier lectura, una mejora real y grande. Pero hay que decir dos cosas, y la primera obliga a no publicar todavía la caída porcentual.

La primera es metodológica y vale para toda la cobertura de seguridad de la región: las series de Rosario circulan con al menos tres universos distintos —ciudad, departamento y provincia— y con diferencias entre el Observatorio de Seguridad Pública provincial y el Ministerio de Seguridad nacional. El informe anual del observatorio reporta para el departamento Rosario 185 en 2022, 169 en 2023, 106 en 2024 y 115 en 2025. Ese dato anual no reconcilia con los 150 homicidios que la provincia atribuye al primer semestre de 2023 en el mismo universo: implicaría diecinueve en el segundo semestre, lo que es implausible. Por eso no publicamos aquí la caída porcentual, y pedimos la serie semestral consolidada al Observatorio antes de hacerlo. Cualquiera puede armar la narrativa que prefiera eligiendo el universo. Nosotros no lo hacemos.

La segunda es que el 7 de enero de 2026 el gobierno disolvió, por resolución, el Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario, alegando "cumplimiento de objetivos", y absorbió sus funciones en una estructura mayor. Es la decisión más arriesgada de toda la política de seguridad argentina reciente, y se tomó cuando la curva de homicidios de la ciudad ya había subido un 27% en 2025.

Bajar homicidios es difícil. Mantenerlos bajos es más difícil, y menos fotogénico.

V. El precio de mirar donde no está

Ninguna de las cifras de esta nota es secreta. Están en informes públicos de la policía brasileña, del Instituto Peruano de Economía, del Igarapé, del GAFILAT y de los gobiernos de Ecuador y Santa Fe. El problema no es de información: es de encuadre.

Mientras la política de seguridad de la región se organice alrededor de la imagen del delincuente armado, va a seguir ganando operaciones y perdiendo la guerra. La Operación Contenção del 28 de octubre de 2025 en Río de Janeiro dejó entre 122 y 132 muertos —122 según la policía, 128 a 132 según la Defensoría Pública—, con dos mil quinientos agentes desplegados y 133 detenidos, de los cuales, según Reuters, solo cinco estaban en la lista de sesenta y nueve buscados. Una encuesta de AtlasIntel encontró que el 87,6% de los residentes de favelas la apoyó. El gobernador la calificó de éxito.

Ese mismo año, mil cuatrocientos agentes desarmaron una red de nueve mil seiscientos millones de dólares en el sector de combustibles sin disparar un tiro.

Una de las dos operaciones salió en todos los noticieros del mundo. La otra es la que le cuesta dinero al PCC.

Politarca es un medio liberal de centroderecha que reporta el poder en América Latina. Conflictos de interés: la dirección declara no tener relación comercial con las instituciones cubiertas en esta pieza.
Cita: Redacción Politarca (2026). “Ya no es un cartel. Es un conglomerado.”. Politarca. Brasil.