Nota del editor. En 2023, 520.085 personas cruzaron el Tapón del Darién rumbo al norte. En 2025 fueron 3.091. Entre el 1 de enero y el 2 de agosto de 2026, 324. En el mismo período de 2026, 5.393 personas hicieron el camino inverso —de norte a sur—, el 92% de ellas venezolanas, por mar desde Colón hacia el Caribe colombiano. El flujo de retorno es hoy dieciséis veces mayor que el de ida. Sobre ese fondo, la región discute qué hacer.
SÍ · El orden no es lo contrario de la libertad. Es su condición
Hay una versión del liberalismo migratorio que confunde dos cosas distintas: la libertad de las personas para moverse y la obligación de un Estado de saber quién está dentro de sus fronteras. La primera es un principio defendible. La segunda es una función administrativa básica, y ningún país que la haya perdido la recuperó siendo generoso.
Chile tiene alrededor de trescientos treinta y siete mil migrantes en situación irregular. No "indocumentados" en el sentido burocrático: personas cuyo ingreso el Estado chileno no registró, cuya identidad no verificó y cuyos antecedentes no consultó. Eso no es una posición ideológica: es un hecho administrativo, y sus consecuencias no son abstractas.
El argumento liberal a favor del control no es económico. Concedo de entrada lo que la otra columna dirá: los estudios disponibles muestran que los migrantes venezolanos aportan más de lo que cuestan y delinquen menos que los nativos en proporción a su peso poblacional. Ese debate estaba saldado con los datos disponibles hasta 2019, y volveré sobre eso.
El argumento es institucional, y tiene tres partes.
Primera: la ley que no se aplica no es ley. Un Estado que establece requisitos de ingreso y luego regulariza masivamente a quienes no los cumplieron le enseña a todo el mundo —migrantes y ciudadanos— que las reglas escritas son sugerencias. Ese aprendizaje no se queda en la frontera. Contamina el cumplimiento tributario, el respeto a la propiedad y la disposición a obedecer sentencias. En sociedades con la fragilidad institucional latinoamericana, ese es un lujo que no podemos pagar.
Segunda: el consentimiento no se puede dar por descontado. El 51,4% de los latinoamericanos considera que la llegada de inmigrantes a su país es perjudicial. En Perú, el 80,4%. En Ecuador, el 80,2%. En Colombia —el país que más generosamente regularizó, con 2,3 millones de permisos otorgados— el 76,3%. Nótese el orden: Colombia hizo lo correcto según la evidencia económica, y su población lo rechaza en tres de cada cuatro casos.
Se puede responder que la opinión pública está mal informada. Es probablemente cierto. También es irrelevante como estrategia de gobierno. Una política migratoria que se sostiene contra el 76% de la ciudadanía dura exactamente hasta la siguiente elección, y su reemplazo no será una versión moderada: será el péndulo completo. Chile es la demostración. El decreto de regularización de ciento ochenta y dos mil personas que preparó el gobierno anterior fue frenado en marzo de 2026, y hoy la discusión no es cómo regularizar mejor sino cómo expulsar. Quien no administra la migración con el consentimiento de su sociedad termina entregándosela a quien promete expulsiones.
Tercera: hay evidencia de inflexión y hay que mirarla. El estudio de referencia sobre migración y criminalidad —Bahar, Dooley y Selee para el Migration Policy Institute— es de 2020, con datos de 2019, y mostraba a los venezolanos claramente subrepresentados en delitos en Chile, Perú y Colombia. Pero el trabajo del CEP chileno con datos hasta 2022 encuentra que, si bien los extranjeros siguen subrepresentados en el total de condenas, su representación relativa aumenta desde 2018, y en 2022 pasaron a estar sobrerrepresentados en condenas por homicidio. No hay actualización comparable de los tres países con datos de 2024-2026. Quien sostiene hoy la conclusión de 2020 como si nada hubiera cambiado está citando un dato de hace siete años sobre un fenómeno que cambió de escala.
Nada de esto justifica la crueldad, ni las deportaciones sin debido proceso, ni el discurso que convierte a un migrante en sospechoso por serlo. Justifica algo más aburrido: fronteras que registran, sistemas que verifican, y vías legales de ingreso lo bastante amplias como para que la vía ilegal deje de ser la única disponible.
Un liberal serio no defiende fronteras abiertas. Defiende fronteras que funcionen, porque solo un Estado que sabe quién entra puede después darle derechos a esa persona.
NO · Cerrar la frontera es caro, ineficaz, y ahora además llega tarde
Empiezo por lo mismo que concede la otra columna, porque conviene tenerlo escrito: un Estado debe saber quién está en su territorio. De acuerdo. La pregunta es qué política produce ese resultado, y ahí la evidencia es bastante inclemente con la posición restrictiva.
Uno: la regularización funciona, y está medido. El estudio del BID sobre el Permiso Especial de Permanencia colombiano —tres mil doscientos quince hogares encuestados, con seguimiento longitudinal y estimación por variables instrumentales— encontró que los migrantes regularizados, comparados con los irregulares, tienen un salario por hora 23% mayor, un ingreso mensual 15% mayor, veinte puntos porcentuales más de probabilidad de tener contrato laboral y doce puntos más de empleo formal. Su registro en el Sisbén sube cincuenta puntos; su acceso al régimen subsidiado de salud, treinta y dos. La prevalencia de ansiedad y depresión crónicas cae a la mitad.
Traducido: la regularización convierte trabajo informal en trabajo formal que cotiza. No es un gesto humanitario. Es política fiscal.
Dos: el "efecto llamada" no aparece en los datos. El mismo estudio midió la intención de permanencia a largo plazo: 91% entre los regularizados, 92% entre los irregulares. Sin diferencia significativa. El argumento de que regularizar atrae más migración —que es el eje retórico de toda la posición restrictiva— no se sostuvo cuando alguien fue a medirlo.
Tres: cerrar no cierra. Chile lanzó su Plan Escudo Fronterizo y los ingresos irregulares subieron 53% en marzo de 2026. Perú declaró estado de emergencia en tres distritos de Tacna en noviembre de 2025, con militares, suspensión de la inviolabilidad del domicilio y de la libertad de tránsito. Panamá lanzó la Operación Escudo de Acero en agosto de 2026 con más de seiscientos agentes. Lo que efectivamente vació el Darién no fue ninguna de esas operaciones: fue el cierre del destino final. Los flujos migratorios responden a la demanda de trabajo en el punto de llegada, no al despliegue policial en el punto de tránsito. Es una de las regularidades mejor establecidas de la literatura y cada gobierno de la región vuelve a descubrirla pagando por ella.
Cuatro, y es el que cambia la conversación: el problema de 2026 no es el que estamos discutiendo. El Darién registró trescientos veinticuatro cruces hacia el norte en siete meses. Cinco mil trescientos noventa y tres personas hicieron el camino inverso. Entre ellas, cincuenta y tres nacidas en Estados Unidos —hijos de migrantes irregulares—. Mientras tanto, una encuesta de ACNUR sobre 1.288 venezolanos en seis países encontró que algo más de un tercio contempla retornar a Venezuela, pero solo el 9% dentro de un año, y que cerca del 60% cita como obstáculo principal la falta de información fiable y la incertidumbre sobre cómo el intento afectaría su estatus legal en el país donde vive.
Ahí está el problema real, y ninguna de las políticas anunciadas en la región lo toca. Hay gente que quiere volver a su país y no lo hace porque teme que si le sale mal ya no pueda regresar al que la acogió. Un estatus migratorio que permitiera ir y volver sin perderlo produciría más retornos voluntarios que cualquier plan de expulsión, y a una fracción del costo.
Cinco: la contradicción que nadie asume. Los mismos países que rechazan la inmigración en tres de cada cuatro respuestas son países cuya población quiere emigrar en proporciones crecientes: del 21% en 2004 al 32% en 2023. Los migrantes intrarregionales pasaron de 3,7 millones en 1990 a catorce millones en 2024. América Latina no es un continente que reciba migración: es un continente que se mueve. Cada muro que levantamos contra el vecino lo levantamos contra la versión futura de nosotros mismos.
Que el Estado registre, verifique y controle: sí, sin reservas. Pero llamar a eso "cerrar la frontera" es confundir la función con la consigna. Y la consigna, medida donde se aplicó, sale cara y no funciona.
Politarca es un medio liberal de centroderecha que reporta el poder en América Latina. Conflictos de interés: la dirección declara no tener relación comercial con las instituciones cubiertas en esta pieza.
Cita: El Ágora (2026). “¿Debe un gobierno liberal cerrar la frontera?”. Politarca. América Latina.
