¿Debe la derecha latinoamericana aceptar el Estado de bienestar?

Nota del editor. El marco verificado sobre el que discuten ambas columnas: el sistema de impuestos y transferencias reduce el coeficiente de Gini en América Latina entre 2,3 y 3,1 puntos, frente a entre 7,7 y 19 en la Unión Europea. El 47,4% del empleo regional es informal y solo el 31% de la población en edad de trabajar cotiza a pensiones. El 42,3% de la población está en la clase media y el 32,2% en la franja vulnerable, estancada hace una década. Y en 2020, 4,7 millones de personas salieron de la clase media latinoamericana; sin el programa de transferencias de emergencia de Brasil habrían sido doce millones.

SÍ · Porque sin él, el mercado no sobrevive a la siguiente elección

Empiezo por conceder lo que la columna contraria dirá con razón: el gasto social latinoamericano redistribuye poco, está mal focalizado en varios países y financia clientelas. Todo eso es cierto.

Y aun así, la respuesta es sí, por tres razones que no son sentimentales.

La primera es que funciona, y está medido. Bolsa Família cubrió en su punto más alto a unos doce millones de familias y a alrededor de cuarenta y cuatro millones de brasileños, con un costo cercano al 0,5% del PIB y al 2,5% del gasto público. Su impacto está documentado: la pobreza cayó un 27,7% durante el primer gobierno que lo escaló, y el programa explica aproximadamente el 20% de toda la reducción de la desigualdad brasileña desde 2001. El 82,4% de los beneficiarios declaró comer mejor; el gasto en alimentos subió 6% y la disponibilidad calórica 9,4% frente a hogares no beneficiarios. Un estudio de 2018 asoció la expansión de su cobertura con la reducción de tasas de suicidio entre 2004 y 2012.

Medio punto del PIB. Un quinto de la caída de la desigualdad de un país de doscientos millones de personas. No hay ninguna otra política pública latinoamericana con esa relación entre costo y resultado.

La segunda es que la evidencia disponible no respalda el argumento del desincentivo. La objeción clásica —las transferencias condicionadas crean dependencia y desincentivan buscar empleo— fue puesta a prueba: un estudio de 2023 encontró que el 64% de los niños pobres inscritos en 2005 ya no participaba en el programa en 2019. La mayoría de las familias no se quedó. El dato tiene un límite que conviene declarar: no distingue la salida por mejora de ingresos de la salida por edad o por incumplimiento de condicionalidades, y quienes tenían diez años en 2005 tenían veinticuatro en 2019.

Y las condicionalidades importan: asistencia escolar y vacunación, con baja definitiva tras cinco incumplimientos consecutivos, y pago a la jefa de hogar mujer. No es una renta incondicional: es un contrato entre el Estado y una familia, con obligaciones verificables de ambas partes. Cualquier conservador debería reconocer ahí su propio vocabulario.

La tercera es la que decide la discusión, y es política. En 2020, cuatro millones setecientas mil personas salieron de la clase media latinoamericana. Sin el programa de transferencias de emergencia brasileño habrían sido doce millones, y veinte millones los que caían en pobreza.

Piénsese lo que significa. Un solo programa, en un solo país, evitó que siete millones de personas perdieran su condición de clase media en un año.

Ahora la contrafactual política. Esos siete millones habrían votado en 2022. La región lleva veinte años demostrando que la clase media que cae vota contra el sistema que la dejó caer, y que ese voto no produce liberalismo: produce lo que produjo en Venezuela, en Bolivia y en Argentina en 2001.

Aquí está la lección que la derecha europea aprendió en el siglo XX y que la latinoamericana se niega a aprender: el Estado de bienestar no es una concesión al socialismo. Es el seguro que compra la economía de mercado para sobrevivir a sus propias recesiones. Un tercio de América Latina —el 32,2% vulnerable, estancado hace una década— vive a un despido de la pobreza. Perder el empleo aumenta en 24,8 puntos porcentuales la probabilidad de salir de la clase media.

Una derecha que no le ofrece nada a ese tercio está financiando, con su propia austeridad, a quien venga después.

NO · Porque lo que la región tiene no es un Estado de bienestar, y darle más dinero no lo convertirá en uno

Concedo lo central de la columna anterior: las transferencias condicionadas funcionan y la evidencia de Bolsa Família es sólida. Sobre el desincentivo concedo menos de lo que se me ofrece: el 64% que salió del programa entre 2005 y 2019 incluye a quienes dejaron de ser elegibles por edad, y el dato no distingue una cosa de la otra.

Voy a discutir la conclusión, porque no se sigue.

Primero, el dato que define todo. El sistema de impuestos y transferencias latinoamericano reduce el Gini entre 2,3 y 3,1 puntos. El europeo, entre 7,7 y 19. Según cómo se emparejen los extremos, entre dos veces y media y ocho veces más; alrededor de cinco veces si se comparan los puntos medios.

La región ya gasta. Ya transfiere. Ya tiene programas. Y el resultado agregado sobre la desigualdad es varias veces menor que el europeo. Pedir más dinero para esa máquina es pedir más combustible para un motor con una fuga.

Segundo: no es un Estado de bienestar; es un piso de indigencia. El 31% de las personas de sesenta y cinco años o más en América Latina recibe una pensión no contributiva. Suena a cobertura. Pero más de la mitad de esas pensiones entrega menos de cien dólares mensuales, y ninguna supera los trescientos.

Un sistema que le paga a un anciano cien dólares al mes no es un Estado de bienestar. Es una política de contención de la indigencia con nombre prestado. Y el problema de llamarlo Estado de bienestar es que clausura la discusión sobre construir uno de verdad.

Tercero: la restricción no es de voluntad, es de base. El 47,4% del empleo latinoamericano es informal y solo el 31% de la población en edad de trabajar cotiza. Un Estado de bienestar europeo se financia con contribuciones sobre empleo formal masivo. Aquí eso no existe, y por eso lo que se financia es con impuestos al consumo: el IVA aporta el 28,9% de la recaudación regional y el impuesto a la renta personal el 9,6%. En la OCDE la relación se invierte.

Es decir: el gasto social latinoamericano se financia gravando el consumo de los mismos hogares a los que después transfiere. Y la literatura reciente sobre incidencia fiscal rechaza expresamente la idea de que las transferencias compensen la regresividad del impuesto indirecto: el efecto, cita esa literatura, es "mínimo o muy pequeño".

Cuarto: la prioridad del gasto marginal. Si un gobierno latinoamericano tiene un punto adicional del PIB para gastar, ¿dónde rinde más?

Los datos de esta serie sugieren una respuesta incómoda para la columna anterior. En las Américas, menos de dos de cada diez víctimas de homicidio producen un condenado. Un juicio comercial toma 774 días. El 80% de los niños de diez años no comprende lo que lee. La región pierde el 17% de la energía que genera.

Un punto del PIB en fiscalías que condenen, en tribunales que fallen y en escuelas que enseñen a leer produce, en veinte años, un país donde la gente no necesita la transferencia. Un punto del PIB en transferencias produce, en veinte años, a la misma gente necesitando la transferencia.

Y quinto: el costo del ajuste es real y hay que decirlo. En Argentina, la pobreza pasó del 44,8% al 54,8% en el primer trimestre de 2024 —diez puntos, 24,9 millones de personas— y la pobreza entre jubilados subió del 13,2% al 30,8%: quinientos cuarenta y dos mil adultos mayores nuevos en pobreza.

Esas cifras son ciertas y no admiten relativización. Pero la comparación relevante no es contra el año anterior: es contra el país que produce una inflación del 200% anual, que también destruye ingresos de los pobres y que además destruye la moneda en la que se pagan las transferencias.

La pregunta no es si la derecha debe aceptar el Estado de bienestar. Es si debe construir el que la región nunca tuvo, en vez de financiar mejor el que tiene. Y eso empieza por el impuesto a la renta, no por la transferencia. El decil más rico latinoamericano paga una tasa efectiva promedio del 5,4% cuando las tasas legales van del 25% al 40%.

Una derecha que quiera ofrecerle algo al 32% vulnerable tiene por delante esa tarea antes que cualquier otra. Es más difícil que subir una transferencia y es la única que dura.

Politarca es un medio liberal de centroderecha que reporta el poder en América Latina. Conflictos de interés: la dirección declara no tener relación comercial con las instituciones cubiertas en esta pieza.
Cita: El Ágora (2026). “¿Debe la derecha latinoamericana aceptar el Estado de bienestar?”. Politarca. América Latina.