¿Hay que legalizar las drogas?

Nota del editor. Los datos verificados que enmarcan este debate: Colombia registró 261.000 hectáreas de coca en 2024, un 3,5% más, y Naciones Unidas retiró de ese informe el indicador de producción potencial de cocaína. Perú bajó por tercer año consecutivo, a 84.546 hectáreas. Bolivia subió 10%, a 34.000, un 54,5% por encima de su límite legal. Las muertes por sobredosis en Estados Unidos cayeron de 77.063 a 66.712 en doce meses, y las asociadas a opioides sintéticos un 20,6%. Ambas columnas trabajan sobre esos hechos.

SÍ · La prohibición ya perdió; la discusión es cómo administrar la derrota

Hay una forma honesta de evaluar una política pública: mirar si cumplió su objetivo declarado. El objetivo de la prohibición era reducir la disponibilidad de drogas. Después de medio siglo, Colombia siembra 261.000 hectáreas y Naciones Unidas ya no puede decir cuánta cocaína salen de ellas.

Eso no es un fracaso parcial. Es la ausencia de resultado sobre la variable que la política existía para mover.

El argumento a favor de la regulación no es que las drogas sean buenas. Es que la prohibición transfiere un mercado enorme a organizaciones armadas, y que el costo de esa transferencia lo pagan los países productores en homicidios, corrupción institucional y captura territorial, mientras el beneficio del control queda en los países consumidores.

Uruguay ofrece el único experimento regulatorio latinoamericano con doce años de operación. La Ley 19.172, firmada el 23 de diciembre de 2013, no legalizó el mercado: lo estatizó parcialmente. El Estado controla producción, precios, calidad y volúmenes máximos a través de un instituto regulador, con tres vías —autocultivo de hasta seis plantas y 480 gramos anuales, clubes de membresía de quince a cuarenta y cinco socios con hasta noventa y nueve plantas, y venta en farmacias con un tope de cuarenta gramos mensuales—.

El resultado que importa: para 2024, el cannabis ilícito tradicional había caído al 6,7% del mercado uruguayo, cuando en 2014 era la fuente principal. Nueve de cada diez consumidores dejaron de financiar a un vendedor ilegal.

Y hay un detalle que refuta el argumento de que la regulación estatal produce un producto que nadie quiere: el contenido de THC de las variedades autorizadas subió del 3% en 2017 hasta un máximo del 20% en 2024. El regulador compitió con el mercado ilegal ajustando el producto, que es exactamente lo que se supone que hace un regulador competente.

Portugal ofrece la evidencia sobre despenalización del consumo, que es distinta de la legalización de la venta. Desde 2001, la posesión de cualquier droga es una infracción administrativa, no un delito: hasta diez días de suministro derivan a comisiones integradas por un trabajador social, un psiquiatra y un abogado, con sanciones de entre veinticinco y ciento cincuenta euros o tratamiento.

Los resultados medidos hasta 2012: las muertes por drogas cayeron de 131 en 2001 a 20 en 2008; en 2012 la tasa portuguesa era de tres por millón frente a una media europea de 17,3. Los pacientes en tratamiento sustitutivo pasaron de 6.040 en el año 2000 a 25.808 en 2008. Las condenas y encarcelamientos de traficantes cayeron casi un 50% entre 2001 y 2015.

Y aquí está el punto que la posición contraria suele conceder mal: eso ocurrió sin que Portugal legalizara la venta de nada. Despenalizar el consumo es una política de salud pública que no requiere abrir un mercado, y sus beneficios están medidos.

Para América Latina la conclusión es más específica que "legalizar todo". Es que la región asigna la mayor parte de sus recursos antidrogas a la parte del negocio que menos vale —el cultivo y el consumo minorista—, y que esos recursos rinden más en la parte que sí vale: puertos, aduanas y sistema financiero. En el único año en que ambas series pueden observarse juntas, Colombia redujo su erradicación forzosa un 54% y su superficie sembrada subió 3,5%. Es un dato, no una demostración —la erradicación actúa con rezago y el precio también se movió—, pero es un dato que medio siglo de política antidrogas debería poder explicar.

Un liberal que cree en mercados debería ser el primero en notar la contradicción: hemos entregado el mercado más rentable del hemisferio a quienes lo administran con violencia, y llamamos a eso control.

NO · El caso de Oregón, y por qué la evidencia no dice lo que se cree

Concedo lo esencial de la columna anterior: la prohibición no redujo la oferta, el gasto está mal asignado y despenalizar el consumo tiene evidencia razonable a favor. Sobre eso hay poco que discutir.

Lo que no se sigue de ahí es la legalización de las drogas duras. Y hay tres razones, todas empíricas.

Primera: el caso de Oregón, que ocurrió y terminó. En noviembre de 2020, Oregón aprobó la Medida 110, que reclasificó la posesión de heroína, metanfetamina, PCP, LSD y oxicodona como infracción civil, con servicios de recuperación financiados por impuestos al cannabis. Entró en vigor el 1 de febrero de 2021. Fue la reforma de política de drogas más ambiciosa que un gobierno subnacional estadounidense haya intentado, con apoyo de las principales organizaciones reformistas.

En 2024 fue derogada. La ley HB 4002 restableció, desde el 1 de septiembre de ese año, el carácter delictivo de la posesión de drogas duras, con hasta seis meses de cárcel y posibilidad de exención si el infractor entra en tratamiento.

Tres años y siete meses. No la derogó una legislatura conservadora: la derogó Oregón.

Segunda: Portugal no dice lo que se cita. La fuente que documenta sus resultados advierte tres cosas que casi nunca se reproducen. Que "no puede establecerse con firmeza un efecto causal" entre la estrategia y los resultados, porque no se hicieron estudios rigurosos de implementación. Que la reducción de muertes por drogas "ha disminuido en años posteriores" y que el número está hoy "casi en el mismo nivel que antes de que se implementara la estrategia". Y que la prevalencia de consumo subió: el uso de drogas ilícitas alguna vez en la vida pasó del 7,8% al 12%, el cannabis del 7,6% al 11,7%, la heroína del 0,7% al 1,1%.

Hay además un dato que la conversación pública ignora por completo: las hospitalizaciones por trastornos psicóticos relacionados con cannabis en Portugal se multiplicaron por 29,4 entre 2000 y 2015.

Y una limitación mayor: la documentación disponible no ofrece estadísticas ni evaluación posteriores a 2012. Portugal se cita como caso cerrado con evidencia de hace catorce años.

Tercera, y decisiva: el producto cambió. Todo el marco de la legalización se construyó sobre sustancias de origen vegetal con costo de producción y logística: cocaína, cannabis, opio. El argumento de que regular el mercado le quita la renta al criminal funciona ahí.

El fentanilo rompe ese marco. Es sintético, se produce en cualquier laboratorio con precursores químicos, tiene una potencia por peso que hace irrelevantes la ruta y el volumen, y mata por errores de dosificación de miligramos. Un mercado legal de cocaína no compite contra un mercado ilegal de fentanilo: coexiste con él.

Y hay un dato que la columna anterior debería explicar: las muertes por sobredosis en Estados Unidos cayeron 13,4% en doce meses, y las asociadas a opioides sintéticos un 20,6%, sin que se legalizara nada en ninguna parte. La mayor mejora de salud pública en drogas de la década ocurrió bajo prohibición.

Que la prohibición no reduzca la oferta no significa que la legalización reduzca el daño. Son dos afirmaciones distintas, y la segunda tiene, hasta hoy, un caso derogado por sus propios votantes y un caso portugués que su propia documentación califica de no causal.

Reasignar recursos de la erradicación al puerto: sí. Despenalizar el consumo y tratar la adicción como salud: sí, y con urgencia. Abrir un mercado legal de drogas duras en países cuyos Estados no logran condenar a dos de cada diez homicidas: no. Regular exige un regulador, y ese es precisamente el insumo que América Latina no tiene.

Politarca es un medio liberal de centroderecha que reporta el poder en América Latina. Conflictos de interés: la dirección declara no tener relación comercial con las instituciones cubiertas en esta pieza.
Cita: El Ágora (2026). “¿Hay que legalizar las drogas?”. Politarca. América Latina.