El día después llegó, y no era una transición

Según el relato coincidente de CNN en Español, Telemundo y el International Crisis Group, el 3 de enero de 2026 fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladaron a Nueva York. En la operación, según Crisis Group, murieron alrededor de ochenta venezolanos y cubanos, y siete o más soldados estadounidenses resultaron heridos. El presidente Trump declaró ese día que Estados Unidos "tomaría el control" de Venezuela hasta que hubiera una transición.

El 5 de enero, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada. El 8 comenzaron liberaciones de presos políticos, de los que se estimaban más de ochocientos.

El 21 de abril, Rodríguez superó los cien días en el cargo sin haber anunciado un cronograma de transición.

El 1 de agosto de 2026 se abrió una negociación política tutelada por Estados Unidos entre la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno de Rodríguez. Es, por el conteo de la prensa venezolana, el decimonoveno intento de diálogo tras dieciocho procesos previos sin acuerdos sustanciales.

María Corina Machado y Edmundo González están excluidos del proceso formal. Conviene precisar quiénes son: Machado, inhabilitada, no fue candidata y ganó la primaria opositora; quien encabezó la papeleta en julio de 2024 fue González, a quien las actas publicadas por la oposición y los observadores internacionales dan como ganador, sin que ninguna autoridad electoral venezolana lo haya reconocido. Ambos declararon que no obstaculizarán ninguna iniciativa que produzca avances reales. Machado recibió el Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre de 2025.

A treinta de agosto de 2026 no existe fecha de elecciones ni calendario electoral integral.

I. Quién manda, en realidad

El análisis del Crisis Group publicado el 9 de enero es el más útil disponible, y su tesis central merece atención: la estrategia estadounidense es transaccional —extracción de recursos sin cambio político genuino— y genera más riesgo que una transición democrática negociada.

Para el Crisis Group, Delcy Rodríguez tiene poder limitado y debe negociar con quienes su informe identifica como los controladores efectivos de las fuerzas de seguridad, la policía y la inteligencia: el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello. Sin Maduro como articulador, la coalición chavista carece de la figura que arbitraba sus facciones, y el riesgo que el informe identifica no es la resistencia organizada sino el fraccionamiento violento.

Es la lección que la región debería haber aprendido en Irak y en Libia, y que no aprendió: quitar la cabeza de un régimen personalista no produce un vacío ordenado. Produce competencia entre quienes quedan armados.

II. La economía, con dos fuentes que no coinciden

Los números venezolanos exigen decir de dónde viene cada uno, porque no coinciden.

El Fondo Monetario Internacional, en su informe de abril de 2026, proyecta para el año: crecimiento del 4,0%, PIB nominal de 111.300 millones de dólares, inflación promedio anual del 387,4% —219,7% de fin de período—, desempleo del 35,6%, PIB per cápita nominal de 4.140 dólares y una ratio de deuda pública del 308,7% del PIB —una cifra que no se deriva del PIB nominal publicado en el mismo informe y que probablemente se calcula sobre una medición distinta del producto; ver la nota de edición—.

El PNUD, en su informe macroeconómico del 12 de agosto de 2026, proyecta crecimiento del 6,5% —incluyendo una reducción de medio punto por los terremotos de junio de 2026, cuyos daños directos estima en 6.700 millones de dólares— e inflación de alrededor del 385%.

Los dos coinciden en la inflación y difieren en el crecimiento. Los dos describen la misma economía: una que crece con fuerza porque partió de un piso destruido, con precios que se multiplican por casi cinco al año.

La inflación de 2025 fue del 475%.

El petróleo. Venezuela produjo en julio de 2026 1,117 millones de barriles diarios según las fuentes secundarias de la OPEP, y 1,2 millones según su propia comunicación al organismo. El crudo Merey promedió 71,13 dólares en julio, frente a 59,42 de promedio en 2025. Los ingresos petroleros del primer semestre rondaron los 12.772 millones de dólares.

El punto de comparación es el que importa: Crisis Group sitúa la producción histórica en 3,5 millones de barriles diarios; Francisco Monaldi, del Baker Institute, sitúa el pico de los años setenta en torno a los cuatro millones. Venezuela produce hoy entre un cuarto y un tercio de lo que llegó a producir.

La deuda. Alrededor de 170.000 millones de dólares entre bonos impagos, préstamos bilaterales, intereses acumulados y laudos arbitrales: en torno a una vez y media el PIB nominal que reporta el propio Fondo. El 13 de mayo de 2026 la Vicepresidencia Sectorial de Economía anunció una reestructuración "formal, integral y ordenada" y contrató a Centerview Partners como asesor. PDVSA está en cesación de pagos desde 2017. El Banco Central dejó de publicar cifras completas de deuda en 2018, cuando reportaba unos noventa mil millones.

Lo que costaría arreglarlo. Dos estimaciones independientes: Monaldi calcula cien mil millones de dólares para volver al pico de cuatro millones de barriles diarios, en un proceso "largo y complejo". Crisis Group calcula entre ochenta y noventa mil millones para llegar a 2,5 millones de barriles en seis o siete años.

Para dimensionarlo: ExxonMobil, la mayor petrolera estadounidense, presupuesta alrededor de un tercio de esa cifra para su inversión de capital en todo el mundo.

III. Las licencias, que son la verdadera política

Mientras la transición no avanza, la arquitectura de sanciones se está desmontando por piezas, y ese es el proceso real.

Durante 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense emitió una serie de licencias generales: la 46B el 29 de enero, enmendada el 13 de marzo, que autoriza levantamiento, exportación, venta, almacenamiento y transporte de petróleo con PDVSA pero excluye exploración y producción; la 47 el 3 de febrero, para venta de diluentes; la 48A el 10 de febrero, para bienes y servicios de exploración y distribución eléctrica; la 49A el 13 de febrero, que autoriza negociar y firmar contratos contingentes de nuevas inversiones sin permitir ejecutarlos; la 50A, que nombra a BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell; y la 52, la más amplia, que habilita el negocio integral de hidrocarburos incluidas empresas mixtas.

La caracterización que hace el análisis jurídico especializado es precisa: "no hay levantamiento general, solo autorizaciones específicas". La arquitectura de sanciones permanece intacta y se abre por excepciones, una por una, negociadas.

Es un instrumento extraordinariamente poderoso y extraordinariamente discrecional. Cada licencia es una decisión administrativa revocable que determina qué empresa puede operar en el mayor yacimiento de crudo del hemisferio. No hay parlamento, ni tratado, ni contraparte venezolana con capacidad de negociar términos.

IV. Lo que vive un venezolano hoy

Los datos son de la encuesta ENCOVI 2025 de la Universidad Católica Andrés Bello, presentada el 7 de mayo de 2026, que es la mejor fuente disponible sobre condiciones de vida en Venezuela.

Pobreza de ingresos: 76,5% de los hogares, 38,5% en pobreza extrema. Medida sobre personas: 68,5% y 31,7%. El índice de pobreza multidimensional alcanza al 55% de los hogares.

Electricidad: el 98% tiene acceso por red pública, y el 39% de los hogares sufre interrupciones diarias. Agua por acueducto: 78%.

Salud: el 15% de la población —unos 4,4 millones de personas— tuvo un problema de salud en los últimos treinta días. El 37% de ellos no consultó a un médico.

Ingresos: el decil más rico percibe 474,5 dólares mensuales per cápita. El decil más pobre, 18,1 dólares.

Y el dato que resume el país. El 1 de mayo de 2026, el gobierno interino elevó el salario mínimo integral de 190 a 240 dólares mensuales, presentándolo como la mayor modificación en años. Pero el salario base sigue siendo de unos treinta centavos de dólar al mes: el resto se compone de bonos. Los componentes documentados —cuarenta dólares de alimentación y ciento cincuenta de "guerra económica" para empleados públicos— suman el monto anterior al aumento, no el nuevo, de modo que el desglose completo de los 240 dólares no está publicado.

La canasta básica alimentaria para una familia de cinco personas se estima en 677 dólares mensuales según un cálculo privado citado por la prensa, y por encima de 730 según el centro de documentación de la Federación Venezolana de Maestros en abril de 2026.

Un salario mínimo de 240 dólares, del cual treinta centavos son salario, contra una canasta de setecientos.

V. El retorno que no ocurre

Hay 8,7 millones de venezolanos fuera del país según los conteos que circulan a partir de la plataforma de coordinación regional —cifra que no pudimos verificar contra la fuente primaria y que publicamos con esa advertencia—. Alrededor del 97% está en América Latina y el Caribe. Colombia aloja 2,8 millones: es el principal país receptor del mundo.

La expectativa de que la caída de Maduro produciría un retorno masivo no se ha cumplido, y hay datos sobre por qué.

Según ENCOVI, alrededor del 7% del total de personas emigradas ha retornado, y el 7% de los hogares venezolanos recibió a un migrante retornado en el último año.

Una encuesta de ACNUR a 1.288 venezolanos en seis países, con trabajo de campo entre enero y marzo de 2026, encontró que algo más de un tercio contempla la posibilidad de retornar, pero solo el 9% lo consideraría dentro de un año, y casi dos tercios no tiene intención de volver. De quienes ya retornaron, el 80% planea quedarse.

El obstáculo que cita alrededor del 60% no es económico ni de seguridad: es la falta de información fiable sobre las condiciones de retorno y la incertidumbre sobre cómo el intento afectaría su estatus legal en el país de acogida.

Es un hallazgo con una implicación de política concreta y barata que ningún gobierno de la región ha adoptado: un estatus migratorio que permita ir y volver sin perderlo produciría más retornos voluntarios que cualquier plan de expulsión.

VI. Lo que un liberal tiene que decir

Es tentador, desde la posición editorial de esta casa, tratar la caída de Maduro como una buena noticia sin más. Fue el fin de un régimen que destruyó una economía, encarceló opositores y forzó al éxodo a una cuarta parte de su población. Nadie va a extrañarlo.

Pero ocho meses después, los hechos son estos: gobierna una dirigente del mismo régimen; los dos líderes opositores a quienes las actas de la oposición y los observadores internacionales dan como ganadores de 2024 están fuera de la negociación; no hay calendario electoral; la arquitectura de sanciones se desmonta por licencias administrativas discrecionales que habilitan a petroleras específicas; y hay un anuncio —hecho en agosto de 2026, que solo pudimos rastrear hasta una columna de opinión y que por eso no publicamos como dato— sobre un acuerdo relativo a diecisiete campos petroleros estratégicos con más de cien mil millones de dólares de inversión.

Si esa secuencia se consolida, lo que habrá ocurrido en Venezuela no será una transición democrática. Será un cambio de administrador del recurso.

Y ahí está la lección que la región debería extraer, y que le incumbe especialmente a una derecha que celebró la operación: el liberalismo no es una consecuencia automática de la caída de un autoritario. Requiere elecciones con calendario, tribunales que fallen contra el gobierno, prensa que publique y contratos que no dependan de una licencia revocable en Washington.

Venezuela tiene hoy menos de lo primero que hace un año, y más de lo último.

Politarca es un medio liberal de centroderecha que reporta el poder en América Latina. Conflictos de interés: la dirección declara no tener relación comercial con las instituciones cubiertas en esta pieza.
Cita: Corresponsalía Politarca (2026). “El día después llegó, y no era una transición”. Politarca. Venezuela.