El fin de los partidos

Hay una investigación publicada en diciembre de 2025 que debería ser el punto de partida de cualquier conversación sobre la política latinoamericana, y que casi nadie ha citado.

Karel Kouba y Michael Weiss construyeron una base de datos codificando manualmente a todos los legisladores electos de América Latina desde 1985: 204 elecciones a lo largo de treinta y ocho años. Su hallazgo central es que las tasas de renovación legislativa en la región son extremadamente altas: alrededor del 70% en promedio, muy por encima de las de otras democracias.

Siete de cada diez. En cada elección. Durante cuatro décadas.

Detengámonos en lo que eso significa en la práctica. Un congreso latinoamericano promedio, el día que se instala, tiene a siete de cada diez de sus miembros aprendiendo el reglamento. Nadie recuerda la ley que se discutió hace dos períodos ni por qué fracasó. Nadie tiene relación de largo plazo con la burocracia que debe fiscalizar. Nadie acumula especialización en presupuesto, defensa o salud. Y nadie tiene incentivo para invertir en construir una reputación legislativa, porque no va a estar ahí para cobrarla.

Eso no es un déficit de calidad de los políticos. Es un diseño.

I. Lo que produce la rotación

Los autores identifican los factores institucionales que correlacionan con mayores tasas de renovación: límites a la reelección, elecciones escalonadas y duración de los mandatos. Es decir, tres reglas que América Latina adoptó deliberadamente, y por buenas razones.

Los límites a la reelección son la marca de nacimiento del constitucionalismo latinoamericano. Se escribieron contra el caudillo que se perpetúa, y funcionaron: la región tiene, en efecto, menos hombres fuertes vitalicios de los que tendría sin ellos. Pero se extendieron del Ejecutivo al Legislativo, donde el problema que resuelven es mucho menor y el costo que imponen es mucho mayor.

Un diputado que no puede repostularse no tiene por qué responderle a nadie, porque no va a volver a pedirle el voto. Su horizonte es el cargo siguiente, que se lo da el partido o el gobernador de turno, no el elector. La reelección indefinida legislativa tiene problemas conocidos —incumbencia, clientelismo, captura—, pero al menos ata al legislador a alguien. Su prohibición lo desata de todos.

II. La consecuencia visible: fragmentación

Los números disponibles de fragmentación no son los que idealmente querríamos —volveré sobre eso—, pero los que hay alcanzan.

Brasil llega a la elección de octubre con veintidós partidos representados en un Congreso de 594 miembros. El PL, el más grande, tiene 113 diputados: apenas por encima del 22% de la Cámara. El bloque que efectivamente gobierna —siete partidos sin identidad programática común— reúne 273 diputados y no responde a ninguno de los dos candidatos presidenciales con opción.

Chile eligió en noviembre de 2025 una Cámara de Diputados donde ninguna coalición tiene mayoría: Unidad por Chile 61 escaños, Cambio por Chile 42, Chile Grande y Unido 34, el Partido de la Gente 14, tres para verdes, regionalistas y humanistas, y un independiente. Un presidente electo con el 58% del voto en balotaje gobierna con una Cámara donde su coalición tiene 42 de 155 escaños.

Perú, en cambio, ofrece la versión contraria del mismo problema: solo seis partidos superaron la valla del 5% para el Congreso bicameral 2026-2031, después de una elección en la que compitieron muchos más. Una valla alta no produjo un sistema de partidos: produjo seis etiquetas que sobrevivieron a una elección, sin garantía de sobrevivir a la siguiente.

III. Lo que no sabemos, y por qué importa decirlo

Aquí este medio tiene que hacer algo poco habitual en una nota de análisis político: declarar que el indicador estándar no está disponible.

La medida académica canónica de fragmentación es el Número Efectivo de Partidos, el índice de Laakso-Taagepera. No existe una serie publicada y actualizada del NEP para los congresos latinoamericanos. La única serie académica localizable, de Manuel Alcántara Sáez, cubre el período 1979-2003 y tiene veintidós años. Da, para referencia histórica: Brasil 7,06; Ecuador 5,86; Chile 5,05; Bolivia 4,45.

Lo mismo pasa con la volatilidad electoral. La serie de la OCDE que usa el índice de Pedersen llega hasta 2017. La de Alcántara, para 1979-2003, situaba a Perú en 42,38 —la más alta de la región— y a Bolivia en 38,03, frente a Uruguay en 11,37.

Y hay una tercera ausencia, que es la que más nos costó aceptar. Quisimos contar cuántos presidentes latinoamericanos electos desde 2018 provenían de partidos fundados en los cinco años previos a su elección. No existe ese conteo publicado. Producirlo requiere definir el universo, verificar la fecha de registro de cada vehículo partidario y contar: es decir, generar un dato original. Podemos hacerlo, y probablemente lo hagamos, pero entonces será un cálculo de esta casa y llevará esa etiqueta. No un hecho tomado prestado.

Que los tres indicadores más importantes para entender la crisis de representación latinoamericana estén desactualizados entre ocho y veintidós años no es un detalle académico. Es una parte del problema. Nadie está midiendo sistemáticamente lo que le está pasando a la política de la región.

IV. El dato que sí está fresco, y es el peor

Latinobarómetro 2024, sobre 19.214 entrevistas cara a cara en diecisiete países entre agosto y octubre de ese año:

La confianza de los latinoamericanos en los partidos políticos es del 17%.

Uruguay encabeza con 36%; México 30%; República Dominicana 28%. En el otro extremo, Colombia y Perú: 9%.

El informe incluye una sección titulada "Se agotan los partidos políticos". Y el indicador complementario es más elocuente que el de confianza: la cercanía declarada a algún partido llega al 62% en Uruguay, 56% en República Dominicana y 51% en México. Fuera de esos tres, se desploma.

Nótese qué tienen en común Uruguay, México y República Dominicana. No es la ideología: son un país gobernado por la centroderecha, otro por la izquierda y otro por el centro. Los tres tienen, además, sistemas de partidos con décadas de vida que sobrevivieron a varias alternancias —aunque el caso mexicano matiza la observación, porque su partido de gobierno tiene poco más de una década—. Con tres casos no hay una regla; hay una hipótesis que vale la pena mirar: que la confianza en los partidos dependa menos de que gobierne el que uno prefiere que de que siga existiendo la próxima vez.

V. Qué reemplaza a los partidos

Lo que llena el vacío ya lo sabemos, porque está gobernando.

Los presidentes latinoamericanos de la última década llegaron, en su mayoría, con vehículos electorales personales: estructuras creadas para una candidatura, sin militancia, sin historia, sin órgano de disciplina interna y sin capacidad de sobrevivir a su fundador. Funcionan extraordinariamente bien para ganar una elección y no sirven absolutamente para nada después.

Los partidos efímeros probablemente agravan la renovación del 70%, aunque conviene no atribuirles el fenómeno: el estudio de Kouba y Weiss lo explica principalmente por reglas institucionales y su serie arranca en 1985, mucho antes de que los vehículos personalistas fueran dominantes.

El costo aparece en dos lugares.

En el Congreso. Un presidente sin partido no tiene bancada propia. Tiene que comprar mayorías, y el precio se paga en cargos, en obra pública dirigida y en enmiendas presupuestarias. Brasil es el caso extremo y documentado: su deuda bruta subió diez puntos del PIB en tres años y medio, en buena parte por el costo de mantener una coalición que no comparte programa.

En la sucesión. Un partido es, entre otras cosas, un mecanismo para que una idea sobreviva a la persona que la trajo. Sin partido, cada elección vuelve a empezar de cero, y la política se convierte en una sucesión de fundaciones.

VI. La incomodidad para la derecha

Esto le incumbe especialmente a la nueva derecha latinoamericana, por una razón que a sus dirigentes no les va a gustar.

La derecha regional actual llegó al poder, casi en todas partes, con estructuras nuevas y personalistas, denunciando a la "casta" partidaria. El diagnóstico era en buena medida correcto: los partidos tradicionales estaban capturados, envejecidos y desconectados. Pero el remedio —vehículos electorales sin institución detrás— reproduce y agrava exactamente el problema que el conservadurismo, en cualquier tradición, debería querer resolver.

Porque un partido es una institución conservadora por definición: acumula memoria, forma cuadros, disciplina impulsos y transmite doctrina entre generaciones. Es el mecanismo por el cual una idea política sobrevive a la persona que la trajo. Una derecha que no construye partidos no está haciendo política conservadora. Está haciendo política de personalidad, que es la forma que el caudillismo latinoamericano ha tomado siempre.

Milei, Bukele, Kast, Noboa, De La Espriella: cada uno llegó con una etiqueta joven. La pregunta que ninguno ha contestado —y que decide si el ciclo actual deja algo o no— es qué queda de sus ideas el día que ellos no estén.

En una región donde siete de cada diez legisladores se renuevan cada elección, la respuesta por defecto es: nada.

Politarca es un medio liberal de centroderecha que reporta el poder en América Latina. Conflictos de interés: la dirección declara no tener relación comercial con las instituciones cubiertas en esta pieza.
Cita: Redacción Politarca (2026). “El fin de los partidos”. Politarca. América Latina.