Desde el 1 de enero de 2026 rige en Estados Unidos un impuesto del 1% sobre las transferencias de dinero en efectivo al exterior. Se aplica con independencia del estatus migratorio de quien envía: alcanza a unos veintitrés millones de residentes permanentes, catorce millones de portadores de visa y doce millones de indocumentados.
Es la primera vez que el gobierno federal estadounidense grava transferencias individuales de remesas.
La recaudación estimada es de unos diez mil millones de dólares en diez años: menos del 0,1% del presupuesto federal. Es decir, fiscalmente irrelevante para quien lo cobra.
Para quien lo paga, no. El Overseas Development Institute estima una caída de remesas de alrededor del 1,6% como promedio regional. Las estimaciones por país que publica no se derivan aritméticamente de ese promedio —usan elasticidades distintas— y conviene no leerlas como si lo hicieran: la mayor pérdida en términos absolutos sería para México, unos 1.500 millones de dólares anuales, y en términos relativos para El Salvador, un 0,6% de su PIB.
Y ese 1% se suma a algo que ya existía: los migrantes latinoamericanos pagan alrededor de un 6% en comisiones a operadores de transferencia, bancos y aplicaciones. El costo total de mandar dinero a casa ronda ahora el siete por ciento.
I. Por qué importa más de lo que parece
Las remesas hacia América Latina y el Caribe alcanzaron en 2025 un récord de 174.400 millones de dólares, según el BID. Centroamérica recibió 47.730 millones y lideró el crecimiento. (La misma fuente reporta que la subregión concentró el 31,8% del total; ese porcentaje no se deriva de las dos cifras absolutas —47.730 sobre 174.400 es el 27,4%— y publicamos el monto, que es el dato desagregado.)
Por país: México recibió 61.791 millones, con una caída del 4,6%. Guatemala, 25.857 millones, con un alza del 20,2%. República Dominicana, 11.973 millones, con un alza del 10,3%.
Medidas contra el tamaño de la economía, las remesas son el ingreso externo dominante de media Centroamérica: alrededor del 30% del PIB en Honduras y Nicaragua, y 27,3% en El Salvador, el nivel más alto en tres décadas.
Ningún acuerdo comercial, ninguna inversión extranjera y ningún programa de cooperación mueve esas magnitudes. Para Honduras, las remesas equivalen a casi un tercio de todo lo que el país produce.
Un impuesto que reduce ese flujo un 1,6% no es una medida de recaudación. Es una política de desarrollo aplicada a otros países sin consultarlos. Y los expertos citados señalan un efecto de segundo orden que debería preocupar a quien la diseñó: al reducir el ingreso familiar en origen, podría aumentar la migración irregular, y al encarecer el canal formal, empujar las transferencias hacia canales informales —que es exactamente lo contrario de lo que persigue cualquier política antilavado seria—.
II. Los aranceles, y una justificación nueva
El 23 de julio de 2026, Estados Unidos impuso aranceles a sesenta economías del mundo por insuficiente acción contra el trabajo forzado en sus cadenas de suministro. Dieciocho países de América Latina y el Caribe quedaron incluidos.
| Arancel | Países |
|---|---|
| 10% | Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Trinidad y Tobago |
| 12,5% | Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela |
La justificación oficial del Representante Comercial estadounidense es citable: "décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzado de las cadenas de suministro globales". El proceso incluyó audiencias públicas a principios de julio.
Las reacciones fueron distintas y reveladoras. México minimizó el impacto señalando que cerca del 85% de sus exportaciones mantiene arancel cero bajo el T-MEC y que el 10% sustituye a una tasa preexistente. Brasil rechazó la decisión por falta de fundamento legal y anunció acción recíproca ante la Organización Mundial del Comercio. Chile declaró que la medida contradice los estándares técnicos y legales que el país presentó durante la investigación.
Nótese lo que no tienen en común los dieciocho: ninguna práctica laboral compartida que los distinga del resto. Tampoco es la geografía: son dieciocho de los más de treinta países de la región, en una medida que alcanzó a sesenta economías del mundo.
III. Brasil, o el arancel como instrumento judicial
El caso brasileño merece capítulo aparte porque establece un precedente.
En julio de 2025, Estados Unidos impuso a Brasil un arancel del 50% invocando explícitamente el juicio penal contra Jair Bolsonaro, que el presidente estadounidense calificó de "cacería de brujas". Entró en vigor el 6 de agosto de 2025. Alrededor del 45% de las exportaciones brasileñas quedó exento.
En febrero de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la medida por violar las leyes federales que limitan la imposición unilateral de aranceles.
En junio de 2026 la administración propuso nuevos gravámenes del 25%; el 16 de julio se anunciaron aranceles por prácticas comerciales "desleales"; el 23 de julio se sumó el 12,5% por trabajo forzado. Las pérdidas acumuladas para Brasil se estiman en 1.500 millones de dólares entre agosto y noviembre de 2025, más 1.200 millones adicionales por productos que no pudieron redireccionarse en quince de veintiún sectores.
La relación comercial más grande entre Estados Unidos y Sudamérica se está administrando por decreto, litigio y anuncio. Un exportador brasileño de café no puede saber hoy qué arancel pagará su embarque del mes próximo, y no porque exista una negociación en curso, sino porque la regla cambia por vías que no son las de la política comercial.
IV. El T-MEC, y la palabra que no se dijo
El 1 de julio de 2026 se celebró la primera revisión conjunta del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. El resultado es preciso y conviene entenderlo bien, porque se ha reportado mal.
Estados Unidos no confirmó la extensión del tratado en su forma actual. Eso significa que no se otorgó la renovación automática por dieciséis años que el mecanismo preveía.
La consecuencia procesal: las revisiones conjuntas pasan a ser anuales.
Lo que no ocurrió: no hubo terminación, ni suspensión, ni cambios arancelarios automáticos. El tratado sigue plenamente vigente hasta el 1 de julio de 2036, con sus preferencias, reglas de origen y mecanismos de solución de controversias activos.
Lo que sí ocurrió: la economía más integrada del hemisferio pasó de tener certeza hasta 2042 a tener una revisión cada año. Las rondas bilaterales México-Estados Unidos se celebraron en mayo y junio, con una tercera en Ciudad de México la semana del 20 de julio. Los temas: reglas de origen automotrices e industriales, acero y aluminio, seguridad económica, agricultura, laboral, medio ambiente y compatibilidad regulatoria.
Para quien decide una inversión industrial a quince años en México, la diferencia entre "vigente hasta 2036 con revisión anual" y "renovado hasta 2042" es toda la diferencia.
V. Una cifra final, y lo que no permite concluir
Hay una cifra que conviene poner al final, con cuidado sobre lo que dice y lo que no: la inversión extranjera directa en América Latina creció apenas 1,7% en 2025, según CEPAL.
El informe, publicado el 23 de junio de 2026, describe el contexto como de rivalidad geopolítica y competencia tecnológica intensificadas, y dedica un eje completo a las implicaciones de la política arancelaria estadounidense sobre los vínculos entre comercio e inversión en la región. Lo que no hace, y nosotros tampoco, es atribuir la cifra a las medidas descritas en esta nota: no es posible aislar cuánto de ese 1,7% corresponde a ellas.
Uno coma siete por ciento de crecimiento de un flujo que es, además, solo una fracción de la inversión total. Es poco en cualquier lectura.
VI. La conversación que la región no está teniendo
Hay algo que decir sobre el método, y no es partidario.
Un arancel, una licencia de exportación de petróleo, un impuesto a las remesas y la no renovación de un tratado son, los cuatro, instrumentos legítimos de política exterior de un país soberano. Estados Unidos tiene derecho a usarlos. La discusión sobre si los usa bien es una discusión estadounidense.
La discusión latinoamericana es otra, y es esta: la región enfrenta esos cuatro instrumentos por separado, país por país, sin ninguna coordinación, y en cada caso desde la posición negociadora más débil posible.
Dieciocho países recibieron el mismo día, por la misma causa, aranceles de dos tramos. Ninguno coordinó su respuesta con otro. México —en el tramo del 10%— señaló que casi no le afecta; Brasil y Chile —en el del 12,5%— acudieron respectivamente a la OMC y a una declaración técnica. Tres respuestas distintas a una misma decisión.
Y este medio ya publicó el dato que explica por qué: América Latina se vende a sí misma el 14% de lo que exporta, y esa proporción está bajando. Una región que no comercia consigo misma no tiene con qué negociar cuando la presionan desde afuera, porque no tiene alternativa que ofrecerse.
No hay aquí un llamado a la unidad latinoamericana, que es un género literario con doscientos años de fracasos. Hay una observación más chica y más útil: los dieciocho países que recibieron el arancel de julio comparten un problema técnico idéntico —cómo acreditar ausencia de trabajo forzado en sus cadenas de suministro— y podrían resolverlo con un solo sistema de certificación en vez de con dieciocho.
Eso no requiere un bloque político, ni una cumbre, ni una declaración. Requiere que alguien lo proponga.
El Ágora
Réplicas
No es un muro. Una tesis, corta, sobre esta pieza. Grok puede afinarla al estándar de la casa antes de publicarla.
Politarca es un medio liberal de centroderecha que reporta el poder en América Latina. Conflictos de interés: la dirección declara no tener relación comercial con las instituciones cubiertas en esta pieza.
Cita: Corresponsalía Politarca (2026). “El uno por ciento”. Politarca. América Latina.
