Escondida le ganó a Chile

En 2025, la mina Escondida produjo 1.345.100 toneladas de cobre, un 5,3% más que el año anterior y su máximo desde 2007.

En 2025, las divisiones de Codelco —la empresa estatal más grande de América Latina, dueña de las mayores reservas de cobre del planeta— produjeron 1.334.400 toneladas.

Una mina superó a una empresa. Y no fue casualidad: en el primer trimestre de 2026 Codelco registró su peor producción trimestral en al menos dos décadas, reportó una caída del 8,1% y, el 13 de agosto de 2026, renunció formalmente a sus metas de producción para el año.

Chile en conjunto produjo 5.415.200 toneladas en 2025, un 1,65% menos que en 2024. Sigue siendo, por lejos, el mayor productor mundial: el USGS estima su producción de mina 2025 en 5,3 millones de toneladas, frente a 3,2 millones del Congo y 2,7 millones de Perú, y le atribuye reservas de 180 millones de toneladas.

El país tiene el recurso. Lo que está perdiendo es la capacidad de extraerlo.

I. El litio, o cómo desplomarse desde un pico

La historia del litio latinoamericano de los últimos cinco años se cuenta con una sola columna de números. Estos son los precios del carbonato de litio, en dólares por tonelada, según el USGS:

Una caída del 86% desde el pico de 2022. Y nótese el detalle que suele omitirse en la cobertura: el precio de 2025 está por debajo del de 2021. No hubo recuperación. Después del desplome vino otro año de caída, del 24%.

Sobre ese fondo, la producción mundial creció un 31% en 2025, hasta 290.000 toneladas de litio contenido. Australia produjo 92.000; China, 62.000; Chile, 56.000; Argentina, 23.000; Brasil, 12.000.

Es decir: el mundo produjo un tercio más de litio en el año en que el precio tocó su nivel más bajo de la serie. Es la definición de un mercado de materias primas en fase de exceso de oferta, y es exactamente el momento del ciclo en el que los países productores toman sus peores decisiones: firman a precio de hoy contratos de treinta años, o paralizan proyectos que estarán listos justo cuando el ciclo vuelva a girar.

América Latina está haciendo las dos cosas al mismo tiempo, en países distintos.

II. Chile: el acuerdo que tardó 983 días

Chile firmó. El acuerdo entre Codelco y SQM se cerró el 27 de diciembre de 2025, novecientos ochenta y tres días después del memorándum inicial.

La estructura: una sociedad llamada Nova Andino Litio, con Codelco en 50% más una acción y SQM en 50% menos una acción, vigente hasta 2060. El regulador de competencia chino aprobó la operación el 10 de noviembre de 2025, y lo hizo con una condición: un suministro mínimo de 125.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

Vale la pena detenerse ahí. Chile firmó un acuerdo de treinta y cinco años sobre el Salar de Atacama, y una de sus condiciones de cierre —un volumen mínimo de suministro— la impuso la autoridad de competencia de un tercer país que es, a la vez, el principal comprador.

No es ilegal ni inusual: cualquier operación de esta escala requiere aprobación en las jurisdicciones donde las partes operan. Pero describe con precisión la posición negociadora de la región. El vendedor de la materia prima no fija el precio ni los volúmenes. Los fija quien la transforma.

III. Argentina: la brecha entre lo firmado y lo desembolsado

Argentina eligió el camino del incentivo. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, creado por la Ley Bases de 2024, reduce el impuesto a las ganancias del 35% al 25%, devuelve el IVA de inmediato, elimina derechos de exportación desde el segundo año y otorga estabilidad fiscal y jurídica por treinta a cuarenta años.

A julio de 2026 tenía veinte proyectos aprobados por 57.000 millones de dólares comprometidos, con cien mil empleos proyectados entre construcción y operación. Trece de esos proyectos son mineros, cuatro de energía y renovables, dos de infraestructura de hidrocarburos y el restante de industria e infraestructura. Hay veinticinco proyectos más en evaluación, por 110.800 millones adicionales.

Y hay un segundo número, publicado un mes después, que hay que poner al lado del primero: el propio Gobierno espera 7.737 millones de dólares de inversión efectiva hasta el fin del mandato presidencial.

Cincuenta y siete mil millones comprometidos. Siete mil setecientos treinta y siete millones esperados.

La diferencia no prueba que el régimen haya fracasado: los proyectos de esta escala se desembolsan a lo largo de una década y los compromisos son a treinta o cuarenta años. Pero sí prueba que el número que circula en los titulares no es el que va a entrar a la economía argentina en este período, y que la distancia entre ambos es de más de siete a uno.

Hay proyectos reales avanzando: el parque solar El Quemado de YPF Luz, de 305 MW, opera desde diciembre de 2025; el proyecto de litio Hombre Muerto Oeste, desde abril de 2026; el oleoducto de Vaca Muerta Sur lleva más del 70% de avance. El Observatorio del RIGI, en su informe a mayo de 2026, describe un cuadro de "proyectos aún sin aprobar, mucha concentración y poca inversión extranjera".

Un régimen de incentivos que entrega estabilidad fiscal por cuarenta años a cambio de compromisos que se cumplen a un séptimo en el corto plazo es un instrumento que hay que evaluar con los datos, no con los anuncios. En 2027 se sabrá.

IV. Bolivia: veintitrés millones de toneladas y cero producción

El caso boliviano es el más elocuente y el peor entendido.

El USGS atribuye a Bolivia veintitrés millones de toneladas de recursos identificados de litio —más que Chile, que tiene trece— y la sitúa en el tercer lugar mundial de recursos, detrás de Estados Unidos y Argentina.

Bolivia no aparece en la tabla de producción del USGS. Ni en la de reservas.

La explicación habitual —"la salmuera boliviana es más difícil de procesar", "falta tecnología"— es incompleta. La explicación documentada es institucional. Los contratos que Bolivia firmó con la empresa china CBC y con la rusa Uranium One Group fueron suspendidos judicialmente el 28 de mayo de 2025 y siguen paralizados en el Tribunal Constitucional Plurinacional a julio de 2026. La impugnación no vino de una empresa competidora ni de la oposición: vino de una acción popular de cincuenta y tres comunidades indígenas del sudoeste de Potosí.

Los argumentos: falta de consulta previa conforme al Convenio 169 de la OIT, acceso al agua, y opacidad sobre los términos contractuales y los estudios de impacto ambiental.

La lección para el resto de la región no es que la consulta previa sea un obstáculo. Es más incómoda que eso: un contrato firmado sin licencia social es un contrato que no se ejecuta, y descubrirlo en tribunales tres años después cuesta más que hacer la consulta al principio. Bolivia tiene el tercer recurso de litio del mundo y una producción que el organismo geológico estadounidense no registra.

V. Perú: el 47%

Perú produjo 2,7 millones de toneladas de cobre en 2025, tercero del mundo. Tres minas —Antamina, Las Bambas y Cerro Verde— concentran el 48,4% de esa producción.

Y el dato que define su horizonte: el 47% de los proyectos de la nueva cartera de inversión minera peruana tiene conflictos sociales.

Casi la mitad de la inversión minera futura de Perú está enfrentada con la comunidad donde se ubica. No es un riesgo hipotético: es el estado actual de la cartera.

VI. Lo que un liberal tiene que decir aquí

La posición cómoda sería reclamar más apertura, menos royalty y más certeza jurídica. Chile subió su carga tributaria minera con la Ley 21.591, vigente desde el 1 de enero de 2024, hasta un máximo del 46,5% para los grandes operadores. Argentina la bajó con el RIGI. Los dos países tienen problemas, y no son los mismos.

La posición honesta es que el problema latinoamericano con sus minerales no está en el nivel del impuesto: está en la capacidad operativa y en la calidad institucional, que son dos cosas distintas y ninguna se arregla moviendo una alícuota.

Codelco no produce menos porque pague mucho royalty; produce menos porque sus yacimientos envejecieron y las inversiones de reposición se postergaron durante dos décadas por decisiones políticas de corto plazo sobre una empresa estatal: ese es un problema de capacidad. Bolivia no produce porque sus contratos están judicializados por no haber consultado, y Perú tiene la mitad de su cartera en conflicto porque nadie construyó la institucionalidad para negociar con las comunidades antes de firmar: esos son problemas regulatorios e institucionales, y son igual de caros. Argentina, por su parte, firma compromisos por cincuenta y siete mil millones y espera desembolsos por siete mil setecientos.

Y ninguno de los cuatro procesa lo que extrae. Es probablemente el hecho más caro de la economía latinoamericana contemporánea, y aquí hay que reconocer un límite de esta nota: no existe una cifra pública y verificable de qué porcentaje del litio y el cobre latinoamericanos se procesa en la región, ni una estimación creíble del valor agregado que se pierde. Lo único documentado por CEPAL es cualitativo: América Latina es una de las mayores productoras de cobre de mina del mundo y su capacidad de fundición y refinación se ha reducido.

Que no exista esa cifra es, en sí mismo, el dato. La región discute desde hace un siglo si debería industrializar sus recursos y no ha construido la estadística básica para saber cuánto le cuesta no hacerlo.

Mientras tanto, el precio del litio cayó un 86%, el del cobre marcó un récord de 4,80 dólares la libra, y quien decide qué se hace con ambos está a diecinueve mil kilómetros.

Politarca es un medio liberal de centroderecha que reporta el poder en América Latina. Conflictos de interés: la dirección declara no tener relación comercial con las instituciones cubiertas en esta pieza.
Cita: El Erario (2026). “Escondida le ganó a Chile”. Politarca. Chile.