En Bolivia, el 82,2% de los trabajadores es informal. En Ecuador, el 70,1%. En Perú, el 69,8%. En Guatemala, el 66,2%; en Paraguay, el 64,3%; en Colombia, el 54,3%; en México, el 52,4%. Argentina está en 42,9%, Brasil en 35,6%, Costa Rica en 35,5%, Chile en 25,1% y Uruguay en 22,4%.
El promedio regional que publicó la OIT en agosto de 2026, sobre quince países, es 47,4%.
Se cita habitualmente como un problema del mercado laboral, junto al desempleo o la brecha salarial. Es un error de encuadre. Con cifras así, la informalidad no es una anomalía dentro del mercado laboral latinoamericano: es la forma predominante en la mayoría de los países de la región y roza la mitad del empleo regional.
Eso cambia la pregunta. No es "cómo reducimos la informalidad". Es "por qué el arreglo formal le resulta inconveniente a casi la mitad de la economía".
Qué significa exactamente "informal"
Conviene precisarlo porque el debate se enreda cuando no se hace.
La norma vigente es la Resolución I de la 21ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, adoptada el 20 de octubre de 2023. Su criterio central para la ocupación informal es simple: la ausencia de cotizaciones del empleador al seguro social obligatorio. Se complementa con la falta de reconocimiento formal de la relación laboral, la ausencia de vacaciones pagas o licencia por enfermedad, la falta de contrato escrito y la no deducción del impuesto a la renta.
De ahí se sigue algo que suele pasarse por alto: cuando la OIT informa que solo el 31% de la población latinoamericana en edad de trabajar cotiza activamente a un sistema de pensiones, y que el 58,3% de quienes superan la edad de jubilación recibe una pensión contributiva, no son dos datos independientes. Son las dos puntas de la misma cadena, medidas sobre cohortes distintas el mismo año: lo que hoy no se cotiza es la pensión que no existirá dentro de treinta años, y ya está contabilizada.
Las tres explicaciones que circulan
La explicación de la derecha: cuesta demasiado contratar formalmente.
Tiene evidencia a favor. Argentina es el caso extremo regional: la carga social total equivale al 34,6% del costo laboral del trabajador promedio, con aportes personales del 13,4% —frente a un promedio OCDE de 8,1%— y contribuciones patronales del 21,2%, contra un promedio internacional del 13,4%. Solo Austria y Francia la superan. Uruguay ronda el 22,5%; Paraguay, el 16,5%.
Pero el promedio regional no acompaña la tesis. En la única medición armonizada disponible para América Latina, la cuña fiscal regional era del 21,7% del costo laboral frente al 35,9% de la OCDE. La región grava el trabajo formal considerablemente menos que los países desarrollados y tiene una informalidad varias veces mayor. Chile, con una cuña del 7,2% en la medición OCDE de 2024, tiene una de las tasas más bajas de la región —aunque Uruguay, con una carga social bastante mayor, la tiene todavía más baja—. Y Colombia, con cuña cero para el trabajador promedio en esa misma medición tras la eliminación parcial de parafiscales que describimos más abajo, tiene 54,3%.
La carga importa. No basta.
La explicación estructuralista: la informalidad es un síntoma de pobreza, no una elección.
También tiene evidencia, y es demoledora. Rafael La Porta y Andrei Shleifer documentaron que las firmas informales producen alrededor del 20% del valor agregado por empleado de las formales. Y el dato que ordena todo lo demás: el 7% de los gerentes de firmas informales tiene título universitario, contra el 76% en las formales.
Su conclusión es que las firmas informales "son demasiado ineficientes para sobrevivir en el sector formal", y que los experimentos de campo muestran que simplificar el registro tiene efectos mínimos sobre la formalización. No se quedan afuera por trámites. Se quedan afuera porque no aguantarían adentro.
La explicación institucionalista: falta fiscalización.
El Banco Mundial identifica la calidad burocrática y el control de la corrupción entre los determinantes principales de la informalidad, y documenta que los países con informalidad por encima de la mediana recaudan entre cinco y doce puntos del PIB menos que los que están por debajo.
El trabajo que las ordena
Hay una investigación que permite ponderar las tres, y es probablemente el mejor trabajo empírico disponible sobre el tema: Gabriel Ulyssea, Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil, publicado en la American Economic Review en agosto de 2018.
Su primer hallazgo desarma una intuición generalizada: alrededor del 40% del empleo informal brasileño ocurre dentro de firmas formales. No son empresas clandestinas. Son empresas registradas, que pagan impuestos, con trabajadores sin registrar. Cualquier política dirigida a formalizar empresas no toca a ese 40%.
El segundo hallazgo clasifica a las firmas informales en tres tipos, y las proporciones importan:
- 48,8% de supervivencia: no podrían sobrevivir siendo formales bajo ninguna circunstancia.
- 41,9% "parásitas": podrían sobrevivir formales, pero eligen la informalidad porque les da ventaja de costos.
- 9,3% "de Soto": querrían formalizarse y están bloqueadas por barreras de entrada.
El tercer hallazgo son las simulaciones, y son las que deberían leer los ministros de Trabajo de la región:
| Política | Efecto |
|---|---|
| Reducir costos de entrada | Firmas informales −25 pp; trabajadores informales prácticamente sin cambio; producto +4,2%; productividad total de factores −6,1% |
| Reducir 20 pp el impuesto a la nómina | Caída sustancial de trabajadores informales; productividad +8,7%; producto casi constante |
| Más fiscalización sobre firmas | Firmas informales caen a 21,1%; trabajadores informales −13 pp; producto +3,2%; bienestar −6,7% |
Tres lecciones que la política regional ignora sistemáticamente.
Una: facilitar el registro de empresas —la reforma preferida de los organismos multilaterales durante veinte años— reduce fuertemente la informalidad de firmas y deja el empleo informal prácticamente donde estaba. Cambia el estatus legal de las empresas sin cambiar la situación de los trabajadores, que es lo que importa.
Dos: bajar los impuestos al trabajo es la única de las tres políticas que sube la productividad de manera significativa.
Tres: perseguir con fiscalización reduce la informalidad y destruye bienestar, porque el 48,8% de supervivencia no se formaliza: desaparece, y con él, el ingreso de esos hogares.
En palabras del propio Ulyssea: informalidad de firmas e informalidad laboral "no se mueven necesariamente en la misma dirección". Es la frase que debería estar colgada en la pared de cualquier equipo que diseñe una reforma laboral en la región.
El caso que funcionó
Colombia hizo, en 2012, exactamente lo que la simulación de Ulyssea sugiere.
La Ley 1607, implementada desde mayo de 2013, eliminó contribuciones patronales para trabajadores que ganaran menos de diez salarios mínimos: 2% del SENA, 3% del ICBF y, desde enero de 2014, 8,5% de salud. Trece puntos y medio porcentuales de reducción.
La evaluación de Kugler, Kugler y Herrera Prada, con diferencias en diferencias sobre registros administrativos de seguridad social, midió los efectos sobre los trabajadores alcanzados:
- Probabilidad de tener contrato escrito: +8,5 puntos porcentuales
- Cotización a salud y pensión: +12,4 puntos
- Cotización a pensión: +11,1 puntos
- Cobertura de riesgos laborales: +17,1 puntos
- Transición al empleo formal: +3,5 puntos, un aumento del 15,2%
- En manufactura, proporción de trabajadores permanentes: +10 puntos
Los efectos fueron notablemente mayores en empresas pequeñas.
Es la evidencia causal más sólida que existe en la región sobre una reforma que redujo informalidad. Y trece años después, Colombia sigue con 54,3%. Lo que muestra el caso colombiano no es que el problema se resuelva con una ley: es que se mueve, en la dirección correcta y en la magnitud medida, cuando se ataca el precio del trabajo formal en el tramo bajo de la distribución salarial.
Lo que no sabemos, y conviene decirlo
Brasil aprobó su reforma laboral en julio de 2017 y su informalidad viene cayendo desde 2022, hasta el 37,5% en el trimestre que cerró en enero de 2026, el nivel más bajo desde julio de 2020. Es tentador conectar ambas cosas. No existe ninguna evaluación causal creíble que lo haga. El único trabajo con método de control sintético que revisamos analiza el efecto sobre el desempleo —no sobre la informalidad— y no encuentra efecto estadísticamente significativo. El propio IBGE atribuye la caída reciente a la reducción del empleo sin registro en el sector privado y a la expansión del registro de autónomos, no a la reforma de 2017.
Argentina publicó la Ley 27.802 de Modernización Laboral el 6 de marzo de 2026, con un nuevo régimen indemnizatorio, un Fondo de Cese Laboral e incentivos fiscales al empleador que registre trabajadores durante el primer año. Tiene menos de seis meses. Cualquier cifra de resultado que se publique hoy es especulación, incluida la que publique el gobierno.
La conclusión que se desprende
La informalidad latinoamericana tiene tres capas y cada una necesita una herramienta distinta.
La capa "de Soto" —una de cada diez firmas informales— se resuelve con trámites simples. Es la más chica y es la que veinte años de política pública atacaron.
La capa "parásita" —cuatro de cada diez— se resuelve bajando el costo relativo del trabajo formal, que es lo que hizo Colombia con resultados medidos.
La capa de supervivencia —casi la mitad— no se resuelve con política laboral en absoluto. Se resuelve con productividad, y la productividad se resuelve con educación, crédito y capacidad de gestión. El dato de La Porta y Shleifer —7% de gerentes universitarios contra 76%— dice que ese 48,8% no está afuera del sistema formal por un problema de incentivos. Está afuera porque nadie le enseñó a estar adentro.
Un gobierno que anuncia una reforma laboral y espera que la informalidad caiga está atacando, en el mejor de los casos, la mitad del problema. La otra mitad se llama sistema educativo, y su plazo de maduración es de veinte años. Ningún ciclo electoral latinoamericano dura tanto, y ese —no la carga patronal— es el verdadero motivo por el que este problema lleva medio siglo sin resolverse.
Politarca es un medio liberal de centroderecha que reporta el poder en América Latina. Conflictos de interés: la dirección declara no tener relación comercial con las instituciones cubiertas en esta pieza.
Cita: El Erario (2026). “La informalidad no es un problema del mercado laboral. Es el mercado laboral.”. Politarca. América Latina.
