La bomba que todos oyen

Hay dos números que, puestos uno al lado del otro, describen el mayor problema fiscal latinoamericano de las próximas tres décadas, y que casi nunca se publican juntos.

El primero: en 2022 había en América Latina y el Caribe 88,6 millones de personas de sesenta años o más, el 13,4% de la población. En 1950 eran 8,7 millones, el 5,2%. Para 2060, según CEPAL, serán 220 millones: cerca del 30%.

El segundo, que ya apareció en estas páginas y conviene repetir: solo el 31% de la población latinoamericana en edad de trabajar cotiza activamente a un sistema de pensiones. Medido sobre el empleo total, alrededor del 47%. En Perú, el 29%.

Los dos datos describen el mismo hecho visto desde extremos opuestos del tiempo. La región va a tener, en una generación, la estructura demográfica de un país desarrollado y la base contributiva de uno pobre.

Nadie está reformando para eso. Cuatro países han hecho algo, y vale la pena ver qué.

I. Chile: la reforma que sí se aprobó

Después de doce años de intentos fallidos, Chile aprobó la Ley 21.735.

El mecanismo central es una cotización adicional del empleador de hasta 8,5% de la remuneración imponible, que hasta ahora no existía: el sistema chileno se financiaba casi exclusivamente con el 10% que aporta el trabajador. Se implementa por tramos:

Ese 0,9% inicial financia, entre otras cosas, una Compensación por Expectativa de Vida para mujeres: un reconocimiento explícito de que un sistema de capitalización individual que divide el mismo fondo por más años de vida esperada produce pensiones menores para ellas.

El resultado proyectado ya se registra en las mediciones internacionales. La tasa de reemplazo neta de Chile para un trabajador de ingreso promedio, según sucesivas ediciones de Pensions at a Glance de la OCDE, pasó de 38,5% para hombres y 35,4% para mujeres en la edición de 2021, a 45,7% y 43,0% en la de 2023, a 61,3% y 61,1% en la edición de 2025. Chile subió del puesto 34 al 19 entre 38 países, y quedó a menos de dos puntos del promedio de la OCDE.

Es la reforma previsional más significativa de la región en veinte años, y merece decirse con claridad: la aprobó un gobierno de izquierda con votos de derecha, y su elemento decisivo —introducir cotización patronal en un sistema de capitalización individual— es exactamente lo que la derecha chilena resistió durante dos décadas y terminó votando.

II. Colombia: aprobada, viva y todavía en disputa

La Ley 2381 de 2024 rediseña el sistema colombiano en pilares. Su rasgo central: las cotizaciones hasta 2,3 salarios mínimos van a Colpensiones, el administrador público, y solo el excedente va a una administradora privada. Las mujeres con setecientas cincuenta semanas cotizadas y los hombres con novecientas se mantienen bajo las reglas anteriores.

El 26 de agosto de 2026, la Corte Constitucional resolvió. Declaró exequibles más de ochenta artículos por siete votos contra uno, y devolvió nueve disposiciones más un artículo nuevo a la Cámara de Representantes por vicios de procedimiento, con un plazo de treinta días hábiles desde la notificación, tras el cual la Corte revisará otra vez.

Ni la avaló plenamente ni la tumbó. La dejó viva en lo sustancial y condicionada a un trámite parcial. La entrada en vigencia sigue fijada para el 1 de abril de 2027; hasta el 31 de marzo rigen las reglas actuales.

Un gobierno entrante que quiera revertirla —y el que asumió en agosto de 2026 llegó proponiendo justamente eso— tiene siete meses para hacerlo y una Corte que acaba de blindar ochenta artículos.

III. Brasil: el número que no cabe en el presupuesto

Brasil no reformó nada desde 2019, y su situación describe el destino que espera al resto de la región si no reforma.

En el presupuesto federal de 2025, el gasto en Previdência superó por primera vez el billón de reales: 1,007 billones, un aumento nominal del 9% sobre 2024, el mayor desde 2022. Representa el 49,4% de los gastos obligatorios sujetos al techo constitucional.

Casi la mitad del gasto obligatorio del Estado brasileño son pensiones. Y Brasil, con 12,6% del PIB destinado a previsión social en la última medición comparada disponible, es el país que más gasta de la región, contra un promedio regional de alrededor del 4,5%.

Hay que decir que esa cifra comparada es de 2015, publicada por el BID en 2021, y que no existe una actualización. Es una laguna importante en la literatura fiscal latinoamericana, y significa que la región discute reformas previsionales sin saber con precisión cuánto gasta hoy.

IV. Argentina: dónde cayó el ajuste

El caso argentino es el más instructivo, porque muestra que un sistema puede ajustarse sin que nadie lo reforme.

Primero, la escala del problema. Según datos oficiales de mayo de 2025, el 68,6% de las jubilaciones vigentes en Argentina fue otorgado por moratoria: es decir, a personas que no completaron los años de aporte requeridos y accedieron mediante planes de regularización. En Formosa la proporción llega al 90,4%; en Chaco al 86,6%; en Misiones al 83,2%. En el otro extremo, La Rioja 47,4% y la Ciudad de Buenos Aires 52,4%. En la provincia de Buenos Aires, el 72% de 1,6 millones de jubilaciones.

La brecha de género es reveladora: en Formosa, el 95,4% de las jubiladas accedió por moratoria, frente al 81,6% de los jubilados. Las mujeres, que cotizan menos porque trabajan más en el sector informal y en el cuidado no remunerado, dependen casi por completo del mecanismo excepcional.

La moratoria vigente venció el 23 de marzo de 2025 y no fue renovada.

Ahora, el mecanismo del ajuste. En abril de 2026, el haber mínimo argentino era de 380.319 pesos, más un bono de 70.000: un total de 450.319. Ese bono está congelado en 70.000 pesos desde marzo de 2024. Su poder adquisitivo cayó un 52%; para mantener su valor debería ser de 146.116 pesos.

El resultado es aritméticamente elegante y socialmente brutal. Los haberes por encima de la mínima, que se ajustan por fórmula y no dependen del bono, subieron 1,8% real interanual y 9,8% respecto de noviembre de 2023. La mínima con bono cayó 8,7% respecto de noviembre de 2023 y 3,2% real interanual.

Es decir: quienes cobran más recuperaron poder adquisitivo y quienes cobran menos lo perdieron, y todo ocurrió sin una sola ley, sin debate parlamentario y sin que ningún funcionario tuviera que defender la decisión. Bastó con no actualizar un número.

Cualquiera puede tener una opinión sobre si el ajuste previsional argentino era necesario. Lo que no admite discusión es dónde recayó.

V. La reforma que ninguno de los cuatro hizo

Chile mejoró sus tasas de reemplazo. Colombia rediseñó su arquitectura. Brasil no hizo nada. Argentina ajustó por omisión.

Ninguno tocó el problema de fondo, que no es el diseño del sistema sino quién está adentro.

Un sistema de reparto necesita cotizantes. Un sistema de capitalización necesita cotizantes. Un sistema mixto necesita cotizantes. Con el 31% de la población en edad de trabajar cotizando activamente, ninguna arquitectura funciona, porque todas están construidas sobre un supuesto de empleo formal masivo que en América Latina nunca existió y que no está apareciendo.

Y ahí está la trampa. La región ya sabe lo que pasa cuando el sistema contributivo no alcanza: aparecen las pensiones no contributivas. En 2022 las recibía el 31% de las personas de 65 años y más —unos veinte millones—, frente al 3,4% en el año 2000. Veintiocho países de la región las tienen. Pero más de la mitad de esas pensiones entrega montos inferiores a cien dólares mensuales, y ninguna supera los trescientos.

Ese es el equilibrio hacia el que se desliza América Latina sin decidirlo: un sistema contributivo que cubre a una minoría formal y un piso no contributivo financiado con impuestos generales que paga cien dólares. No es un sistema de pensiones. Es una política de contención de la indigencia con otro nombre.

La discusión honesta —la que ningún gobierno de la región ha abierto— empieza por reconocer eso y preguntar cuánto está dispuesta la sociedad a pagar por un piso digno, financiado con qué impuestos y a qué edad. Es una conversación desagradable, que dura más que un período presidencial y que no da votos.

Faltan treinta y cuatro años para que uno de cada tres latinoamericanos tenga más de sesenta. Es aproximadamente el tiempo que la región lleva postergando esta discusión.

Politarca es un medio liberal de centroderecha que reporta el poder en América Latina. Conflictos de interés: la dirección declara no tener relación comercial con las instituciones cubiertas en esta pieza.
Cita: El Erario (2026). “La bomba que todos oyen”. Politarca. América Latina.